El Gobierno local advirtió ayer de que si se demuestra que el Concello sufre un daño o responsabilidad patrimonial a causa del derribo parcial del edificio Conde de Fenosa, estará obligado a exigírsela a su vez a las personas que informaron de forma favorable a la licencia del inmueble y a las que la aprobaron. El alcalde, Xulio Ferreiro, se pronunció además a favor de que el coste de las obras sea "repercutido" a los "responsables principales" de las irregularidades cometidas.
El inmueble fue construido en 1997 gracias a la licencia concedida a la promotora Fadesa por el Ejecutivo municipal presidido por Francisco Vázquez, que intentó legalizarlo sin éxito posteriormente ante las iniciativas judiciales presentadas contra esta decisión.
Ferreiro recordó tras la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el proyecto para demoler elementos del edificio que el Ayuntamiento se hará cargo del coste de las obras ante la negativa de la promotora Fadesa y la comunidad de propietarios a cumplir de esta manera la sentencia que obliga a realizar esta actuación.
El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, destacó que el Concello ejecutará los trabajos "por mandato judicial", pero que los tribunales serán los encargados de determinar la responsabilidad que tiene cada una de las partes implicadas en este conflicto y que no se le podrá exigir al Concello "si se aprecia dolo, culpa o grave negligencia de otras personas, físicas o jurídicas".
Varela recordó que el proyecto aprobado ayer debe ser enviado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que decida si con las obras propuestas es posible cumplir la sentencia. "Entendemos que es la única alternativa posible a la demolición total del edificio", manifestó el edil, para quien con esta iniciativa "se conjugan los intereses de los propietarios, el interés público del cumplimiento de la sentencia y el del Ayuntamiento". Según Varela, tras los fracasos de las propuestas de inejecución del fallo judicial presentadas ante el Superior de Galicia, el Supremo y el Constitucional, "no hay otra opción que intentar cumplir la sentencia".
El coste de las obras, 1,5 millones de euros, será incluido en los presupuestos municipales de 2016 mediante una partida específica. El proyecto plantea la demolición de todos los torreones del edificio, además de aleros y cornisas, así como la conversión en galerías de ventanales que cuentan con vuelos sobre la fachada.
A estas actuaciones habrá que sumar otras de menor tamaño en el interior de algunas viviendas y en espacios comunes para adaptarlos a la legalidad en aspectos como la normativa contra incendios. Según Xiao Varela, este proyecto es la "intervención más proporcionada posible dentro del cumplimiento de la legalidad".
