La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 le ha retirado al activista Nicanor Acosta, de 74 años, la multa de 600 euros que el Ministerio de Interior le había impuesto por entender que, al gritar consignas con su megáfono, había instigado contra la policía a los participantes -unos doscientos- en la concentración convocada en febrero de 2013 con el objetivo de frenar el desahucio de la octogenaria Aurelia Rey, en la calle Padre Feijóo.

La magistrada entiende que Acosta -nombrado Republicano de Honra de 2015- participó en una "protesta ciudadana pacífica y con una finalidad legítima", la de manifestar su "disconformidad con el desahucio" de una octogenaria de la que había sido su casa durante los últimos treinta años, por haberse retrasado dos meses en el pago del alquiler. La juez también alega que el recurrente no rebasó en ningún momento "la barrera policial" y que ni siquiera el policía nacional que le denunció pudo recordar las frases que decía Nicanor Acosta a través de su megáfono, por lo que ve "imposible" determinar si la conducta" del activista, al que es común ver en manifestaciones de los afectados por las preferentes o de Stop Desahucios, puede "integrarse en el tipo que se recoge", ya que nadie, en la sesión precisó qué había hecho exactamente el sancionado.

El agente aseguró en la vista que no le había pedido la identificación a Acosta aquel mediodía de febrero de porque "lo conocía de otras ocasiones", el agente también incidió en que su actitud no era "violenta" y ninguno de los testigos pudo aclarar cuáles eran las consignas gritadas por el activista. En la sentencia consta también que no fue Acosta el único que se manifestó con un megáfono en contra del desahucio de Aurelia Rey.

"Ante la falta de concreción no existe dato alguno que permita valorar que las expresiones del señor Acosta eran dirigidas y tenían la finalidad de provocar la reacción en el público para impedir el desahucio", explica la magistrada.

Por su participación en la concentración y como acusados de instigar a los participantes contra la policía y la comisión judicial fueron juzgados también el entonces portavoz del BNG en el Concello, Xosé Manuel Carril, y el diputado nacionalista Francisco Jorquera.

Fue sancionado también -por alteración del orden público- el bombero Roberto Rivas que se negó a cortar la cadena que cerraba el portal de Aurelia Rey y que permitiría el acceso a los funcionarios para notificarle el lanzamiento a la octogenaria. Otro bombero -ahora suboficial- abrió la cadena del portal. El desahucio, sin embargo, se pospuso y la octogenaria llegó a un acuerdo con sus caseros. Reside en un piso de la Xunta, en Eirís.

La diputada de Alternativa Galega de Esquerda Yolanda Díaz celebró ayer que el "sistema judicial no no participe del proceso de criminalización de los movimientos y protestas ciudadanas".