Un informe pericial solicitado por el juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, encargado de la causa de la operación Zeta, sobre unos contratos otorgados por la Diputación de A Coruña a la empresa Gecreri -titularidad de Gerardo Crespo- alerta de que no se puede comprobar que se haya completado la actividad por la que se adjudicó el concurso.

El perito investiga el desarrollo de talleres de fomento del empleo adjudicados en 2011, dentro del Proyecto Rede Xiana. Esta iniciativa parte de la Diputación de A Coruña y tiene financiación del Fondo Social Europeo. En 2009, la empresa Gecreri ya había sido beneficiaria de un contrato similar. El empresario Gerardo Crespo está siendo investigado en el marco de la operación Zeta, como supuesto cabecilla de una trama dedicada a conseguir subvenciones de las administraciones públicas de manera irregular.

En las conclusiones del informe pericial emitido este mes, el técnico asegura que no se puede comprobar que los cursos que se le concedieron a la empresa de Crespo hayan sido realizados.

No fue en 2011 la primera vez que Crespo conseguía un contrato del proyecto Rede Xiana. Según consta en un informe realizado por la Diputación de A Coruña, Crespo fue adjudicatario de dos cursos de tiempo libre en 2009 y cuyo importe rozaba los 36.500 euros. En 2011, la empresa se hizo con tres lotes de cursos valorados en 190.000 euros, una adjudicación a la que se refiere el informe pericial. Este procedimiento fue iniciado por el Gobierno de PSOE y BNG en la Diputación en junio de 2011 y resuelto ya bajo el mandato del Partido Popular, en diciembre de ese año.

La Diputación de A Coruña elaboró, a petición del grupo provincial del BNG, un informe en el que analiza diez subvenciones y encuentra irregularidades en ocho de ellas. El contrato que ahora audita un perito independiente para la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña recibió el visto bueno de la Diputación.

El informe pericial hace hincapié en que no se puede comprobar la "realidad de la ejecución del contrato". El documento alerta además de que "la existencia de los incumplimientos de legalidad y de deficiencias formales" revelan "una mala praxis" en la tramitación del expediente de contratación.

El perito carga contra la Diputación por haber cancelado tres cursos después de haberlos contratado por carecer de alumnado. En el informe se apunta también que falta la firma en "diversos documentos" del expediente, entre ellos, "la propuesta de contratación".

Este documento pericial concluye, además, que existe "falta de rigor" en la confección del pliego de condiciones del concurso y de "discrepancias" sobre la documentación aportada por la candidata a desarrollar las actividades contratadas.

Los Agentes de la Policía Judicial acudieron el 22 de septiembre del año pasado a la sede de la Diputación en busca de este expediente concreto, el de 190.000 euros. Tras su análisis, el perito concluye que no se ha acreditado el cumplimiento de los objetivos fijados -entre ellos combatir los desequilibrios entre zonas rurales y urbanas tanto en materia de empleo como en servicios básicos de atención a personas dependientes-. En este contrato, por ejemplo, se planteaba la realización de trece talleres de empleo dirigidos a personas en paro.

El perito apunta, además, a que "el cambio de la totalidad del equipo docente" supone "desvirtuar el contenido de la oferta presentada", en la que se tiene en cuenta la solvencia de la empresa.