La Comisión de Xustiza Social tenía ayer como punto principal aclarar dudas sobre la propuesta del Gobierno local de la ordenanza de la Renda Social Municipal. La reunión, presidida por la concejal socialista Silvia Longueira -edil de Servicios Sociales durante el Gobierno de coalición de PSOE y BNG-, no contó con la presencia de los técnicos de la concejalía, por lo que algunas dudas que los grupos de la oposición llevaban apuntadas en la libreta quedaron sin respuesta. El PSOE avanzó la pasada semana que apoyará la ordenanza, aunque formule modificaciones en ella, por lo que el Gobierno local podrá aprobarla en el pleno municipal.

La portavoz del BNG, Avia Veira, y el concejal de Servicios Sociales durante el mandato del PP, Miguel Lorenzo, echaron de menos el informe del interventor y el de la asesoría jurídica sobre la aplicación de esta ordenanza, por lo que solicitaron que haya técnicos y documentación en la próxima reunión.

Lorenzo repitió ayer en la comisión que su partido se opone a que el Gobierno local llame a esta prestación renta social y puso el acento sobre las personas que quedan excluidas de esta ayuda. El borrador plantea que el pago de manera prioritaria se hará a los prestadores de servicios para abonar los recibos, aunque ayer, el alcalde, Xulio Ferreiro, precisó que podrá haber excepciones. "Hay mas alternativas, como el pago directo", dijo.

En la comisión, el PSOE planteó que el plazo de seis meses de empadronamiento en la ciudad exigido como mínimo para poder acceder a esta prestación es "muy corto", porque considera que puede ejercer un "efecto llamada" de personas en riesgo de exclusión que residan en otros municipios y acudan a A Coruña por esta prestación. El PSOE recomendó que el equipo municipal esté en contacto con el de la Xunta para que no rechace las solicitudes de Renda de Inserción Social de Galicia (Risga), de los coruñeses porque tienen acceso a la renta social.

En sus propuestas incluyó que los beneficiarios cuenten con esta ayuda más de seis meses, una posibilidad que incluye ya el borrador, que deja claro que se pagará la ayuda a las familias que cumplan los requisitos -entre ellos, realizar un itinerario diseñado por las trabajadoras sociales para su inserción- durante el tiempo necesario hasta que su situación económica mejore.

Las aportaciones que hará el BNG no están todavía definidas, ya que en la reunión de ayer no se aclararon cuestiones como si la renta cubrirá gastos "de medicamentos, libros y material escolar". Veira abrió la puerta a que esta prestación pueda ser solicitada y concedida a personas que se encuentren en espera de resolución de una ayuda como la Risga ya que la Xunta suele tardar varios meses en conceder este subsidio. Puso también encima de la mesa la posibilidad de que puedan ingresar esta ayuda los beneficiarios de una pensión no contributiva que no llegue a cubrir el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que está fijado en 532,51 euros desde hace cinco años. La portavoz nacionalista solicitó saber cómo será la tramitación y cómo convivirá este subsidio con ayudas como la de emergencia social. Y propuso, tal y como plantea el Gobierno local, la ampliación de la plantilla de la Concejalía de Xustiza Social e Coidados para poder dar servicio a todos los usuarios que lo soliciten.