Las dos sentencias recientes sobre la maderera de Os Rosales no son las primeras ni parece que las últimas del conflicto entre los vecinos, el Concello y la empresa, que comenzó a trabajar hace casi medio siglo en los Fuertes como ebanistería pero que fue modernizando y ampliando su actividad hasta convertirla en industrial sin una licencia que la sustentase, quedando engullida después una incompatible zona residencial, con perspectiva de un futuro traslado que nunca se llegó a materializar. Los últimos dos fallos judiciales dan la razón, respectivamente, a uno y otro lado. Independientemente de las sentencias, los vecinos piden una solución y que el Concello se implique para velar por que la marcha se haga según los plazos y con garantías de que haya espacio verde y de disfrute para el barrio .

Con este objetivo, y en los albores de la redacción del plan general de ordenación, que entró en vigor en julio de 2013, los residentes llegaron a entregar 7.198 firmas para solicitar que las parcelas se destinasen a juegos infantiles y práctica del deporte al aire libre. Pocos meses después, en febrero de 2008, entregaban en Urbanismo una serie de sugerencias al plan general. También hizo lo propio la familia Peteiro, que solicitaba una ordenanza de transformación para permitir el cambio de uso, recuperando para ello un convenio con el Concello que se hizo para el plan de 1998 pero cuya incorporación vetó la Xunta. El acuerdo acabó por firmarse con la edil del PSOE Obdulia Taboadela en 2009 y pasó a formar parte del plan general finalmente aprobado.

Las reclamaciones de los residente afectados en aquel momento no difieren mucho de las de hoy en día. Denunciaban problemas "acústicos y medioambientales" y el exceso de licencia que confirmaron los tribunales. "Pese al periodo transcurrido desde el planeamiento y la construcción del polígono de Os Rosales y desde la ocupación de nuestras viviendas, la fábrica continúa con las molestias y está situada a menos de dos kilómetros de unas viviendas, lo que prohíbe el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas", alertaban en sus sugerencias, que un año después se convertirían en alegaciones cuando no se sintieron atendidos por el documento urbanístico que se sometió a aprobación inicial. Aportaban como argumento el apoyo que les había dado el Valedor, al que el Concello prometió que el plan establecería "los mecanismos necesarios para su definitiva transformación". Exigían que la zona se usase para la ampliación del parque de Cuatro Vientos.

La situación, seis años después, sigue igual sobre el terreno. En el plano administrativo, hay un PGOM aprobado con un convenio que regula el traslado con plazos, de los que desconfían los vecinos, que ven en su redacción un resquicio legal al que podría aferrarse la empresa para demorar el abandono del área residencial. El traslado, a cambio de otorgar a la maderera derechos urbanísticos para construir edificios en la zona, tendría que materializarse "en cuatro años desde la entrada en vigor del PGOM", que se dio en julio de 2013. Quedarían, por tanto, dos años. Según los mismos plazos, la empresa tendría que haber presentado ya un proyecto de urbanización y uno de equidistribución. De no cumplirse estos requisitos temporales, según la literalidad del convenio, el Concello podría cambiar el sistema de ejecución (ahora de concierto) y rebajar el aprovechamiento (tiene el 90% del tipo) para construir "sin que, por tal motivo, proceda indemnización alguna a favor de la propiedad".

El Concello, ante dos sentencias

El Concello tiene en sus manos ahora mismo dos sentencias, una a favor de los vecinos y otra en contra, y una petición de los afectados de que Urbanismo asuma un papel activo y impulse la mudanza. El primer fallo judicial no es firme y anula la legalización de la licencia de la maderera que intentó el Gobierno del PP. El segundo, rechaza anular el convenio incluido en el plan general, como pedían los vecinos.