El Gobierno municipal ingresará en 2016 978.000 euros menos como consecuencia de la bajada de la tarifa del agua pero aumentará en 1,01 millones la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al haberle subido el tipo al 1,3% al Puerto. Estos son los cálculos que realiza el Ejecutivo después de la Junta de Gobierno de ayer, en la que se aprobó el pacto sobre ordenanzas fiscales alcanzado con el PSOE.

El descenso de ingresos por el agua se debe al término medio al que llegaron Marea y socialistas a la hora de establecer qué criterios encarecerán el recibo. El equipo de Gobierno apostaba inicialmente por reducir el tramo fijo de la factura a usuarios con un caudal de agua inferior a 2,3 metros cúbicos por hora de los 5,76 euros actuales a 4,07 euros. Los socialistas, sin embargo, eran partidarios de premiar a los consumidores más ahorradores a través de una rebaja del tramo variable. Finalmente, el tramo fijo se reduce a 5 euros, mientras que, para consumo doméstico, el tramo que va hasta los seis metros cúbicos mensuales se cobrará a 0,1354 euros y no a 0,1693 euros, como actualmente.

Estas rebajas, que harían perder al Gobierno 1,26 millones anuales, se compensarían ligeramente con los 276.000 euros que, estiman, ingresarán con el nuevo tramo introducido a partir de los 200 metros cúbicos de agua consumidos al mes, que se abonarán a 0,7118 euros por metro cúbico. Los ingresos por esta factura serán ingresados directamente por la empresa municipal de agua (Emalcsa) cuyos beneficios, eso sí, se abonan netamente al Gobierno coruñés, su propietario.

En el caso del IBI, el pacto alcanzado entre socialistas y Marea congela en el 0,6% los tipos que inmuebles rústicos y urbanos pagan por el IBI pero, como novedad, aumenta al 1,3% el tipo que pagan las instalaciones de aeropuertos y del Puerto. La lonja y las empresas pesqueras podrán beneficiarse, eso sí, de una bonificación del 50%.

El tono de las conversaciones por las ordenanzas entre ambas formaciones distó de llegar a las tensiones vividas en las negociaciones en torno a la organización municipal o a la modificación presupuestaria. En el caso del IBI, por ejemplo, la filosofía defendida por PSOE y Marea era similar desde un comienzo y el equipo de Ferreiro apenas tuvo que ceder con respecto a su propuesta inicial en detalles como que el valor catastral máximo de la vivienda para poder acceder a una bonificación fuese de 200.000 euros en lugar de 300.000, o como que se estableciese una rebaja en este impuesto de un 20% para aquellas familias numerosas que cuenten con una renta familiar per cápita neta superior a 1.065,02 euros al mes.

No fue la única petición de los socialistas aceptada. Los de José Manuel Dapena plantearon una reducción en las tasas de cementerios municipales, que en el pacto se materializó a través de una rebaja del 10% en las transferencias intervivos de sepulturas subterráneas, nichos y ceniceros, o el aumento en un 100% de la tarifa de cajeros, que pasa de 210 a 420 euros. Autoría de Marea fueron otras aportaciones aceptadas por el PSOE, como la supresión de la tasa por decomisos de venta ambulante.

Otra de las estimaciones hecha pública por el Gobierno local ayer tiene que ver con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). El Ejecutivo prevé ingresar 55.000 euros más al aumentar el impuesto que se cobra a los vehículos de lujo, al tiempo que se baja el de los automóviles más humildes. La ordenanza también introduce como novedad la retirada de las bonificaciones a los vehículos de gasolina o diésel cuyas emisiones no superen los 120 gramos/km.

Fuentes próximas a las negociaciones confían en que algunas de las propuestas que se pusieron sobre la mesa pero no salieron adelante ante la falta de informes técnicos, como la reducción al mínimo del copago en los servicios sociales o la bajada de los precios públicos de la escuela de música, se aprueben a inicios de 2016.

En relación a estas ordenanzas, el alcalde, Xulio Ferreiro, reclamó a la Xunta que regule el parque de viviendas vacías, sobre las que el Ejecutivo aplicará un recargo del 50% del IBI. "Lo que se entiende por vivienda vacía lo tiene que reglamentar la Xunta. Si no lo hace, nosotros seguiremos con la intención de que las que están en manos de los bancos sean las que tributen con esa recarga", explicó Ferreiro.