La concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, negó ayer que el proyecto de la renta social municipal deba contar con informes técnicos en esta fase de su elaboración, como denunció el miércoles el BNG, y aseguró que tanto la Asesoría Jurídica como la Intervención dieron su aprobación a esta iniciativa. Cameán explicó que en este momento los informes de ambos departamentos "no son preceptivos" porque el proyecto de ordenanza municipal está siendo sometido a consultas con diferentes entidades sociales, por lo que puede modificarse algún aspecto de la normativa.
Una vez que el documento sea definitivo, tanto la Asesoría Jurídica como la Intervención elaborarán sus informes sobre esta ordenanza, que pretende proporcionar una ayuda de al menos 530 euros a personas en riesgo de exclusión que no perciban la Risga para el pago de los servicios básicos.
