Representantes de los 61 trabajadores que fueron despedidos de la fábrica de armas se reunieron el pasado miércoles con la Valedora do Pobo, Milagros Otero, a quien solicitaron su apoyo para que el Ministerio de Defensa exija a Hércules de Armamento el cumplimiento de las condiciones del concurso por el que se le adjudicó la gestión de la factoría.
Los antiguos empleados entregaron a la valedora un informe sobre su situación y aseguran que fue "muy receptiva" a sus planteamientos, con los que reclaman que se cumpla la legalidad. Para estos trabajadores, el acuerdo alcanzado hace dos años con Defensa para devolver la actividad industrial a la fábrica "se quedó en agua borrajas", ya que consideran que las instalaciones fueron adjudicadas a una empresa "que no cumple ni cumplió" las exigencias fijadas por el ministerio.
Los representantes de los despedidos recuerdan que el compromiso suscrito establecía que la adjudicataria debía tener un proyecto empresarial sólido basado en un plan de negocio y financiero solvente, así como en la presencia de un socio industrial conocedor del sector que asegurase la viabilidad de la actividad y la recolocación de todos los despedidos, que gracias a este acuerdo suspendieron su encierro en la fábrica, que duró cuatro meses y medio.
