El conflicto sobre el edificio de Almirante Romay se inició en 2002 con la venta del solar a la empresa Coprosal por el Ayuntamiento, ya que se trababa de un camino vecinal. El Gobierno local le concedió licencia para edificar en 2006, pero un ciudadano reclamó porque era dueño de una parte de la parcela y la Audiencia Provincial le dio la razón, pero el Ayuntamiento ya había aprobado un proyecto de normalización de la parcela solicitado por Coprosal que motivó un nuevo recurso, aunque la promotora comenzó las obras al año siguiente. Los vecinos afectados colocaron carteles en las ventanas de sus viviendas para denunciar que se quedarían sin luces y con una fachada a corta distancia de sus pisos.
El conflicto judicial con el propietario de parte de los terrenos hizo que las obras se paralizaran durante la excavación, hasta que en marzo de 2013 solicitó una nueva licencia que en febrero de 2015 traspasó a Abeconsa. Esta empresa recibió permiso en marzo para cambiar las características del edificio, que ahora tiene dos viviendas en lugar de tres en cada planta.
