El localismo del exalcalde Francisco Vázquez llegaba a su punto álgido hace un decenio, cuando reclamaba que A Coruña tuviese plenas competencias en materia tributaria y lingüística. El regidor socialista dejaba claro durante una conferencia cuáles eran sus aspiraciones respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía. Demandaba más libertad en la gestión y más dinero. Así, defendía que la ciudad podría gestionar sus propios impuestos, decidir en materia portuaria y elegir cómo quiere llamarse y de qué forma deberían hablar sus vecinos.

"¿Por qué en Galicia, La Coruña y Vigo no pueden tener una agencia tributaria propia que les permita administrar sus propios impuestos y después los puedan concertar con la autonomía y el Estado?", se preguntaba el entonces alcalde, que también insistía en que el Ayuntamiento debería decidir sobre la toponimia y el uso del gallego, que son competencia de la Xunta. "¿Por qué no podemos decidir algo tan elemental como cómo queremos llamarnos o cómo queremos hablar?", insistía.

El exembajador del Vaticano en noviembre de 2005 recordaba la "amarga" experiencia de la aprobación del estatuto entonces vigente. "Nos arrebató la capitalidad histórica que ejercimos durante siglos y a la que, en ningún caso, hemos renunciado", advertía. Vázquez intentaba convencer a los asistentes a la charla sobre el futuro de la ciudad que impartía en la Fundación Barrié de que la comunidad autónoma no gestionaba los recursos "mejor que el Ayuntamiento ni el Estado". Además, recurría al coruñesismo para aseverar que A Coruña era "la que más pagaba al fondo común" y no dudó en calificarla como la "primera ciudad" y el "motor industrial" de Galicia.

En septiembre de ese mismo año un juez anulaba las aspiraciones del Gobierno dirigido por Vázquez de poder decidir sobre el topónimo de la ciudad. El exalcalde pretendía hacer caso omiso a la Xunta presidida por Manuel Fraga e incorporar la L al nombre oficial de la ciudad "en castellano". La sentencia declaraba inválido el acuerdo que el pleno había adoptado hacía un año para que el nombre fuese en castellano La Coruña. El juez, que ya había decidido en abril de 2005 suspender de forma cautelar el acuerdo plenario alcanzado con los únicos votos favorables del PSOE, recordaba en el fallo que no había ninguna ley que otorgue competencias a los ayuntamientos para decidir sobre el nombre de las ciudades.