Venía de Madrid con las escrituras de una propiedad que acababa de comprar en Alicante bajo el brazo. Regresaba a casa el 24 de julio de 2013, en el Alvia que, finalmente, no llegó a Santiago. Su vida dio un vuelco en la curva de A Grandeira y, entonces, todo se torció.

Álvaro García era conductor de la línea 7 del bus urbano, llevaba en la Compañía de Tranvías más de una década y, los que le conocen aseguran que era "muy querido", tanto por sus compañeros como por los usuarios. Ahora no puede trabajar, la Seguridad Social le concedió en enero de este año una incapacidad permanente derivada, entre otras secuelas, de los vértigos, las cefaleas y la visión doble que padece desde el accidente. Esa condición de pensionista que tiene no aparece en el auto de apertura de la vista oral redactado por el juez instructor del caso y es por ello por lo que su defensa ha denunciado el documento.

En el auto del juez -en el que el maquinista es el único imputado- no se recoge la evolución de García más allá del mes de noviembre de 2013, que es cuando le cita el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para redactar un informe sobre su estado.

"En febrero de 2014 le dan el alta a Álvaro desde Forensía habiéndolo visto solo una vez y se la dan con 42 días de baja y con unas secuelas que son: trastorno postraumático leve y unas cicatrices", explica su abogado. Su defensa denuncia que no se hace referencia a los vértigos ni a los mareos.

"El accidente fue sobre las nueve menos veinte de la tarde y a mí me encontraron a las doce de la noche. A las 00.33 horas ingresé en Urgencias del CHUS [el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago] en el área de neurocirugía", dice Álvaro. Su herida más preocupante estaba en la cabeza, por eso le atendieron en esa unidad. Pero tenía muchas más, cortes en las manos, huesos rotos y cuatro dientes menos, entre otras.

En el CHUS estuvo trece días ingresado y, cuando salió, la aseguradora de los pasajeros, Allianz, le proporcionó una clínica en A Coruña para que hiciese rehabilitación y pudiese recuperarse de las lesiones. Estuvo hasta febrero de 2014 en este centro -acudiendo a diferentes especialistas y sometiéndose a varias pruebas- hasta que le dijeron que no tenía que volver. Eso, sin embargo, no significaba que estuviese bien, ya que ni la mutua de la Compañía de Tranvías ni la Seguridad Social le consideraban en condiciones de volver al trabajo.

"Una persona con vértigos y mareos, que se cae bastante por la calle, no puede conducir un autobús", dice su abogado defensor, que asegura que fue informando "puntualmente" al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de la evolución de la víctima.

"Le dimos parte de todo, de las cefaleas intensas, de la pérdida de olfato, de que había sido propuesto para la incapacidad, de que el informe del Imelga no tenía ni pies ni cabeza, y se aportó también la declaración del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que se le reconoce la incapacidad permanente por las secuelas del accidente", alega el abogado defensor. Y es que el 21 de enero de 2015, la Seguridad Social le concede esta categoría de pensionista. Eso significa que no puede desempeñar su profesión, aunque sí otra que se adecúe a su nueva realidad.

Ahora Álvaro recurre el auto de apertura de juicio oral, fijado para el 6 de octubre de 2015 porque, en él, se hace una relación de los 81 fallecidos y de los lesionados, pero lo hace refiriéndose solo a los informes forenses. Así que, Álvaro, para el juzgado, a pesar de seguir de baja y contar con una incapacidad total permanente, solo estuvo 42 días incapacitado y tiene unas secuelas muy leves. Eso deriva en que su caso será, en el juicio, de "muy escasa entidad".

"Nunca defendieron a las víctimas y, en el caso de Álvaro, por ejemplo, ya no es que no se tengan en cuenta los mareos o la pérdida de los dientes, es que no se tiene en cuenta que nunca va a volver a trabajar en su profesión. La Compañía de Tranvías no tenía ningún problema en readmitirle, pero la Seguridad Social no lo deja. Estamos hablando, además, de un conductor, que tiene que depender del mismo trabajo en el que tuvo el accidente. Igual su cabeza no está ahora para conducir un bus y el juzgado no lo está protegiendo", relata su abogado.

En esta denuncia hay, además, un informe de su médica de cabecera, de la Seguridad Social, en el que habla de todas las secuelas que tiene el paciente y de todas las veces que ha acudido a consulta -una vez por semana aproximadamente- y otro de otro profesional que rebate el informe del Imelga, en el que no se hablaba de las cuatro piezas dentales que perdió ni del síndrome depresivo, ni del aplastamiento en la cabeza que sufrió y por el que, entre otras cosas, tiene visión doble.

Para Álvaro, ahora, lo peor es sentirse "abandonado", ver que su caso puede quedar "en nada" y que su vida no va a volver a ser nunca la que era. "Las víctimas estamos desprotegidas", lamenta. Asegura que tenía un trabajo que le encantaba y que le gustaría volver a ponerse tras el volante de uno de los buses de la línea 7, un día tras otro, como antes, y llevar a sus pasajeros de la avenida de Hércules al barrio de O Ventorrillo y del ambulatorio a Monte Alto otra vez.

Álvaro teme que su caso se pierda entre tantos otros y que su letrado no pueda defender que, en realidad, a diferencia de lo que consta en el informe del Imelga, no estuvo de baja solo 42 días, sino que la Seguridad Social le ha dicho que no podrá volver a conducir un autobús urbano ya más. Dice que no es el dinero lo que más le importa, sino ver que no se le da la oportunidad de ser tratado justamente.

"Lo peor es que no me lo reconozcan, porque no es que me lo invente yo, es que lo dice el Instituto Nacional de la Seguridad Social", lamenta Álvaro que todavía ahora agradece cada día a las personas que, aquella noche, se afanaron en ayudar a las víctimas y a las que lo siguen haciendo pasado el tiempo, 81 muertes después.