El puerto exterior de punta Langosteira cumple este año una década en obras con mucha tarea aún pendiente. Son casi veinte años si la cuenta arranca en el momento en que el entonces alcalde, Francisco Vázquez, comenzó a liderar una campaña para contar con un nuevo puerto en A Coruña, con tres opciones de ubicación: la entrada de la ría -tras el bajo de Las Yacentes-, la ensenada de Bens y el sur de punta Langosteira.
Un primer análisis de la viabilidad de la nueva dársena concluyó, en 1997, que punta Langosteira era el lugar idóneo, fundamentalmente por componentes más urbanísticos que marítimos: cercanía a polígonos, ausencia de grandes núcleos de población, suelo abundante y accesos terrestres "muy sencillos", como ha recordado en estas mismas páginas Antón Luaces, periodista coruñés referente en la información del mar.
El sueño de un puerto en Langosteira despertó del letargo con el desastre ecológico del hundimiento del petrolero Prestige. En el conocido como Consejo de Ministros del Plan Galicia, en el Palacio Municipal de María Pita en enero de 2003, el Gobierno de José María Aznar aprobó "el análisis de viabilidad urgente del puerto exterior de A Coruña".
Con opiniones técnicas antagónicas, a favor y en contra de la viabilidad de levantar de la nada un puerto en punta Langosteira, un trozo de litoral azotado por el oleaje casi todo el año, la Autoridad Portuaria adjudicó la obra en diciembre de 2004 por 429 millones de euros. Esa inversión, once años después, ya se ha disparado hasta los 744 millones de euros, entre sobrecostes y proyectos imprescindibles para la operatividad del puerto que, por extraño que parezca, no se incorporaron al contrato inicial. El pozo sin fondo para las arcas públicas en que se ha convertido la dársena exterior situará la inversión final en el entorno de los mil millones de euros, más del doble del precio de adjudicación. Solo la conexión ferroviaria, actuación imprescindible sin la que la dársena carecería de plena operatividad y para la que aún no existe proyecto, costará unos 130 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Fomento.
Los convenios para financiar la obra firmados entre el Ministerio de Fomento, primero con el PP y luego con el PSOE, y el Ayuntamiento de A Coruña, en ambos casos con el socialista Francisco Vázquez como alcalde, incluían una cláusula inédita en el desarrollo de infraestructuras portuarias en España: que el Ayuntamiento recalificase los muelles que quedarían sin uso con el fin de facilitar la venta de ese suelo para viviendas, comercios, hoteles y oficinas, y obtener 200 millones de euros con los que afrontar el millonario gasto en Langosteira.
Con la construcción del puerto exterior avanzada, pero inconclusa, toca ahora afrontar un triple reto: no condicionar el desarrollo urbanístico de la fachada marítima de A Coruña a una operación fraguada desde las instituciones públicas en plena burbuja inmobiliaria; dar sentido y rentabilidad a la obra; y revertir la complicada salud económica de la Autoridad Portuaria, con una deuda de unos 300 millones de euros por la dársena exterior y apenas 23,62 millones de volumen de negocio en 2014, con cuatro de déficit.
En su conferencia en el hotel Ritz de Madrid este martes, el alcalde, Xulio Ferreiro, incidió en los argumentos que ha ofrecido desde que ocupa el cargo: propiciar un "debate sereno" sobre la nueva dársena para "intentar que atraiga valor y riqueza para A Coruña" sin "hipotecar urbanísticamente" la fachada marítima "para siempre". En resumen, convertir una "actuación relativamente irresponsable", una inversión "curiosa" y un "ejemplo de cosas que se han hecho de forma discutible" en España, en una oportunidad de "riqueza" para la ciudad. Con el añadido de generar nuevas vías de financiación que no exijan recaudar lo máximo posible por los muelles recalificados, es decir, que el desarrollo urbanístico de un espacio central en la ciudad no quede supeditado a las necesidades económicas de una obra de la magnitud de la de Langosteira.
Con el foco de su mensaje en ese fin, el paralelismo que el alcalde trazó entre el puerto exterior de A Coruña y el aeropuerto de Castellón en un foro eminentemente empresarial en Madrid no fue el más oportuno en la búsqueda de soluciones de futuro para sacar a punta Langosteira del atolladero actual, por más que el proyecto, desde su nacimiento, no haya sido ni mucho menos paradigma de excelencia en la gestión pública. Esa comparación no debe desviar el debate de lo que está en juego: el diseño de la ciudad del futuro, el éxito de una mastodóntica inversión en Langosteira y la viabilidad de la Autoridad Portuaria.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha ofrecido al actual Gobierno local rebajar la edificabilidad en los muelles interiores. A favor de reconsiderar los convenios de financiación de la dársena exterior también se han mostrado los grupos municipales del PSOE, que reclama más espacios de "uso público" en los muelles, y del BNG, que, desde el principio, reclama que Langosteira se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no con la venta de suelo en la ciudad. Incluso el PP, defensor a ultranza hasta ahora de los convenios de Fomento y Ayuntamiento, admite que la financiación del puerto es un "tema del que se puede discutir, hablar y discrepar", según dijo ayer su portavoz municipal, el exalcalde Carlos Negreira.
Toca encarar el futuro y rentabilizar el puerto exterior, que depende, fundamentalmente, de hacerlo atractivo para los inversores y de captar empresas que le reporten ingresos. Supeditar el éxito de la obra a hacer caja con los muelles interiores supondría caer en los errores del pasado.
