La venta de los muelles de Calvo Sotelo y Batería que prevé el Puerto entre 2017 y 2018 para recaudar 25 millones de euros, incluidos los terrenos donde se asientan el hotel Finisterre y el complejo de La Solana, supondría que esas parcelas dejarían de tener uso portuario y permitirían el desarrollo de actividades del sector terciario. Es decir, podrían instalarse comercios, locales de ocio y hostelería, oficinas y hoteles, además de servicios públicos en manos de iniciativas privadas. Antes, es necesaria la desafectación de estos suelos del uso portuario.
El planeamiento urbanístico municipal definitivamente aprobado en 2013 califica los dos muelles del centro de la ciudad como suelo urbano no consolidado en los que se recuperarán los usos urbanos y se "reordenará la nueva fachada marítima" después de que los terrenos portuarios queden desafectados. Son más de 64.300 metros cuadrados en los que la altura de edificación se limita a nueve plantas en una superficie edificable de 50.000 metros cuadrados.
Entre los objetivos propuestos, el plan general abre la puerta en estas áreas de la Autoridad Portuaria a soterrar la avenida Alférez Provisional y mejorar la accesibilidad peatonal, como ya se ha hecho entre el año pasado y el presente con la construcción del túnel de la Marina y la reurbanización de la superficie. También permite dar continuidad al paseo marítimo actual desde O Parrote a través de espacios libres, configurar "un gran parque junto a la lámina de agua" y mantener e incluso ampliar el edificio de Cementos del Cantábrico que se encuentra en el muelle de Calvo Sotelo.
El plan general podrá proponer, con el beneplácito del Ministerio de Defensa, la demolición de edificios protegidos por el plan especial del Puerto situados frente a los jardines de Méndez Núñez para extender el parque "hasta el borde del agua".
El hotel Finisterre y La Solana están sobre suelo dotacional privado, una calificación cambiada en el planeamiento municipal en sus aprobaciones provisional y definitiva, después de que en el documento inicial del plan general y en el plan especial de protección de Ciudad Vieja y Pescadería esos terrenos tuviesen la catalogación de suelo dotacional público.
La calificación como suelo dotacional privado supone, además de que en la zona se puedan desarrollar servicios públicos de titularidad privada (una escuela o un centro sanitario, por ejemplo), una revalorización del precio del terreno, lo que permitiría a la Autoridad Portuaria, propietaria del suelo, obtener mayores beneficios cuando lo venda.
La concesión del Finisterre y La Solana fue traspasada a dos empresarios por el organismo portuario a finales de 2014, una operación que criticó el grupo municipal del BNG por advertir en ella la preparación de una futura venta de esos terrenos después de haberse modificado su calificación urbanística de suelo dotacional público a dotacional privado. El presidente del Puerto, Enrique Losada, consideró "absurdo" la teoría del BNG, pero no aclaró si pretendía vender las parcelas de las que ahora quiere deshacerse junto a los muelles de Calvo Sotelo y Batería para obtener una recaudación prevista en su Plan de Empresa.
