La incertidumbre reactivada esta semana sobre la actividad y el futuro de la fábrica de armas volvió a escenificarse ayer con una nueva concentración de extrabajadores de la planta ante la Delegación del Gobierno, a los que se sumaron empleados de la empresa de seguridad de la factoría hasta esta semana, cuando abandonaron sus puestos por impagos reconocidos de la concesionaria, Hércules de Armamento. Se dieron cita unas 300 personas, que reclamaron por un lado los 500.000 euros -aseguran- que la adjudicataria debe a la empresa que gestionaba hasta el martes la seguridad de las instalaciones y, por otro, un "futuro industrial solvente y a largo plazo" de las instalaciones y que se esclarezca el proceso de adjudicación.

Representantes sindicales de los empleados de seguridad explicaron que su empresa baraja la posibilidad de prescindir de ellos en la fábrica e intenta reubicarlos en otros destinos para evitar los despidos, pero ellos quieren continuar en Pedralonga.

El senador socialista Javier Losada se unió a la protesta con un comunicado en el que afirma que en las preguntas escritas que ha formulado al Gobierno sobre la situación de la fábrica de armas desde su cierre "en ningún momento ha demostrado interés real" por el futuro de la factoría y su plantilla.