El Ayuntamiento asegura, tras conocer el fallo del Tribunal Superior que anula la adjudicación del parque ofimático, que puede volver a sacar a concurso el contrato incluyendo los cambios previstos en este sector y que ya preparan los técnicos municipales. El contrato, otorgado a Acciona por 42 millones de euros, realizado en 2011 por el Gobierno local de PSOE-BNG, acaba de ser invalidado en una sentencia contra la que no cabe recurso. Obliga al Concello a volver a sacar a licitación los trabajos contratados por el Ejecutivo dirigido por Javier Losada días antes de las elecciones municipales de 2011. La dirección de obra se formalizó la víspera de los comicios, en la jornada de reflexión, con el Gobierno municipal en funciones. Los errores administrativos cometidos en el proceso llevaron al Superior a declararlo ilegal.

El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, destacó ayer que la sentencia no obliga a que la nueva licitación tenga por objeto las obras del expediente anulado, por lo que los servicios municipales elaboran una nueva propuesta. El edil garantizó que el Concello intentará "por todos los medios" que los trabajos se ejecuten "en el menor tiempo posible". La urbanización de la zona está avanzada, por lo que, dicen, habría que repetir la contratación de menos de la mitad. El plan inicial también incluía la construcción de un parking, pero está paralizado.

Los cooperativistas confían en que siga vigente el compromiso del Ejecutivo municipal de concederles las licencias de primera ocupación en cuanto concluyan la construcción de los edificios.

El edil de Rexeneración Urbana considera que lo "más necesario" es ejecutar las obras "para garantizar la dotación de servicios urbanísticos a las parcelas donde se están ejecutando las obras de edificación para que, en el caso que proceda, poder otorgar las licencias de primera ocupación".

"Esperemos que esta sentencia no cambie nada. El Ayuntamiento y la Xunta deben pronunciarse, dar soluciones y enmendar lo que hicieron mal", señala el portavoz de la cooperativa Confuncovi, José Ramón Mosquera, quien advierte de que hay 300 familias que han "cumplido" las condiciones. Mosquera asegura que "de ninguna manera" el fallo supondrá la paralización de las obras de construcción de los inmuebles. Además, asegura que los trabajos de urbanización en la zona donde están construyendo los cooperativistas están "prácticamente terminados".

El representante de la cooperativa A Carnocha, Luciano Ron, admite que los socios están "expectantes" y que tienen "cierta intranquilidad". Aún así, confían en que el Concello ofrezca "alguna solución". El colectivo prevé que los pisos estén terminados en marzo de 2016 y espera contar en esa fecha con las licencias de primera ocupación. "Queremos que terminen las obras de urbanización de las parcelas de la cooperativa, que falta muy poco, y que, si es posible, el Concello recepcione la obra por fases", señala Ron, quien admite que la sentencia es "una adversidad".

El proceso judicial se inició a petición de los promotores y de los pequeños propietarios de suelo, quienes se opusieron a que el Ejecutivo dirigido por Losada adjudicase en plena crisis una obra que supondría la construcción de 2.400 viviendas. "En 2011 no había demanda para construir pisos y las entidades no concedían créditos. Fue todo muy lamentable, no había ninguna necesidad", recordó tras conocer la sentencia el portavoz de los contratistas con suelo en la zona, agrupados en la asociación Ofimático 2010, Juan José Yáñez. La adjudicación supuso que tuviesen que comenzar a pagar los 42 millones.