Los promotores y pequeños propietarios de suelo en el parque ofimático celebran que, tras cinco años, la Justicia les haya dado la razón. El contrato firmado en 2011 por el Gobierno municipal de PSOE-BNG, dirigido por Javier Losada, según el cual los dueños del suelo deberían pagarle a Acciona 42 millones de euros por urbanizarlo es ilegal. Así lo decretó la semana pasada el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quien anuló el contrato administrativo, cuyos flecos se cerraron el día anterior a las elecciones municipales, es decir, en la jornada de reflexión y con el Ejecutivo local en funciones.

Alrededor de más de la mitad del suelo está urbanizado, pero el resto de la obra deberá volver a ser adjudicada. Los promotores con terrenos en la zona, agrupados en la asociación Ofimático 2010, se reunieron ayer por la mañana para examinar la sentencia. El portavoz del colectivo, Juan José Yáñez, exige mantener un encuentro con el Ayuntamiento y Acciona para llegar a acuerdos y resolver el conflicto. "No se va a poder continuar como si la sentencia no existiese. Nosotros llevamos cinco años pidiendo una reunión con las otras dos partes implicadas y siempre nos la han negado. Tiene que haber acuerdos entre todas las partes", asegura, al tiempo que advierte de que es "evidente" que han cambiado "las reglas del juego". Así, destaca que el Ayuntamiento no podrá seguir girando a los promotores y pequeños propietarios los recibos para pagar los 42 millones de las cuotas de urbanización: "Lo que se pague a partir de la sentencia será en base a nuevos acuerdos".

Ofimático 2010 exigirá a la compañía que les informe sobre qué porcentaje de la obra está ejecutado, cuánto está certificado y cuánto está pagado, entre otros asuntos. "Nosotros somos los que pagamos y no sabemos nada", aseveran. Además, denuncian que no entienden por qué el contrato de 42 millones que firmó el Ayuntamiento con Acciona "duplica e incluso triplica" lo que se pagó por urbanizar otros polígonos de la ciudad como el de Someso o Novo Mesoiro. "Nos deberán explicar por qué el ofimático es distinto. El ladrillo y el cemento cuestan lo mismo para un sitio que para otro", ironizan. También pedirán información sobre los cambios en el proyecto, ya introducidos por el anterior Gobierno municipal. "El parking y el puente sobre Lavedra parece que no se van a hacer, pero nos tendrán que decir cuánto van a descontar porque si nos van a cobrar lo mismo, que los hagan", sentencia Yáñez, quien añade: "Nosotros lo que pedimos es que el precio se ajuste a lo que se haga. Ahora hay que empezar de cero". Los promotores mantendrán una reunión el próximo viernes en el Ayuntamiento, pero desconocen si fue citado algún representante de Acciona tal y como demandan.

Los cooperativistas confían en que, a pesar de la sentencia del Superior que obliga a volver a adjudicar lo que resta de las obras de urbanización, siga vigente el compromiso del Ejecutivo local de concederles las licencias de primera ocupación en cuanto terminen la construcción de los edificios. El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, destacó tras conocer el fallo que la sentencia no obliga a que la nueva licitación tenga por objeto las obras del expediente anulado, por lo que los servicios municipales elaboran una nueva propuesta. El edil garantizó que el Concello intentará "por todos los medios" que los trabajos se ejecuten "en el menor tiempo posible".