Una deuda de 800 millones es el origen de la intención del grupo ACS de sacar a la venta su filial Urbaser, según publica el diario económico Expansión, que calcula que la empresa podría ser vendida por una cantidad situada entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros. Al margen de la disminución de la carga financiera que soporta, la corporación que preside Florentino Pérez, al deshacerse de Urbaser, se librará además de un pesado lastre que arrastra en A Coruña, ya que esta compañía es la gestora de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Nostián, que ha generado problemas desde su construcción y que mantiene conflictos judiciales no solo con el Ayuntamiento, sino también con quien fue su socia inicial en esta instalación.

ACS cuenta con más filiales con concesiones en A Coruña, ya que Otto-Tecmed, ubicada en Nostián, instala, limpia y mantiene los contenedores y papeleras del Concello, mientras que Orto comparte con Malvecín y Cespa el mantenimiento de los parques y jardines del municipio.

El Ayuntamiento adjudicó en 1998, con Francisco Vázquez de alcalde, la construcción y gestión de la planta a la unión temporal de empresas formada por Babcock y Tecmed, que adoptó el nombre comercial de Albada y en la que la primera solo tenía un 26% de participación y aportaba el conocimiento tecnológico necesario para la puesta en marcha del complejo. En 2001, Tecmed, en la actualidad Urbaser, adquirió la parte de Babcock, pero ahora le reclama 20,9 millones de euros por las deficiencias apreciadas en la planta, que en 2002 sufrió la explosión de uno de los biodigestores de residuos orgánicos y en 2005 una importante avería en estos mismos equipos.

La auditoría de gestión encargada por el anterior Gobierno local sobre la concesionaria reveló que desde 2005 genera pérdidas, que llegaron a alcanzar los 9,75 millones de euros en un solo año. Su situación económica es de tal calibre que el informe advirtió de que supone un riesgo para que continúe gestionando la planta de Nostián.

Pero además Urbaser se enfrenta al Ayuntamiento en los tribunales por cuatro conflictos, el primero de ellos por una reclamación de 36 millones de euros por los supuestos errores cometidos al calcular la basura que llegaría separada correctamente a la planta. A este problema se suma el generado por la decisión del Gobierno local del PP de anular el acuerdo para pagar cada año a Urbaser 3,37 millones por el transporte y tratamiento del 55% de los rechazos. También en los juzgados se dirime el rechazo de Urbaser al sistema implantado en 2013, que aumenta el precio a pagar a la empresa si disminuye el volumen de basura que debe ser manipulada.