Los promotores del parque ofimático advierten de que es necesario un pacto entre ellos, el Ayuntamiento y la empresa Acciona sobre las obras de urbanización de este polígono tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula el pliego de condiciones mediante el que se adjudicó el proyecto. Juan José Yáñez, portavoz de la asociación Ofimático 2010, que agrupa a estos empresarios, estima que si no se alcanza un acuerdo los trabajos podrían estar paralizados un mínimo de dos años porque habría que iniciar de nuevo una larga tramitación administrativa.

El alcalde, Xulio Ferreiro, se reunió ayer con Yáñez para conocer la opinión de los promotores sobre el fallo judicial y declaró posteriormente que el Gobierno local mantiene conversaciones con todas las partes implicadas con el fin de que las obras puedan continuar. Ferreiro pretende que cuando las cooperativas que construyen ya sus edificios en este lugar los hayan terminado, puedan recibir del Ayuntamiento la licencia de primera ocupación y que los propietarios de los pisos puedan residir en ellos. "Está bien encaminado, no creo que haya problemas para que puedan vivir allí", manifestó el regidor sobre esos edificios.

Yáñez tuvo una visión del encuentro muy diferente, ya que esperaba que al mismo asistiera también Acciona, ya que es la empresa que realiza la urbanización del ofimático y sin su participación es imposible dar una solución al problema generado por la sentencia del Tribunal Superior. "Hemos estado dispuestos a llegar a acuerdos desde siempre", recordó el portavoz de los promotores, quien situó el origen del conflicto en la venta por la Xunta de parcelas en 2008 a las gestoras de las cooperativas.

"Desde 2010 nunca nos hemos sentado juntas las tres partes: contratista, Ayuntamiento y propietarios", destacó Yáñez, que incluye en el último apartado a la Xunta, ya que posee el 55% de los terrenos. En su opinión, "ahora sí que hay que sentarse", por lo que Ofimático 2010 ofreció al alcalde su disponibilidad para llegar a acuerdos, aunque advirtió que también el Ayuntamiento tiene responsabilidad en este problema al ser la administración contratante de las obras.

Pero para alcanzar un acuerdo los promotores exigen saber qué parte de obra se ha ejecutado, cuál se ha certificado hasta la sentencia y qué costes se han girado a los propietarios de los terrenos. "Con esos datos podremos saber qué parte del contrato falta por ejecutar y cuál es la propuesta de Acciona", explicó Yáñez, ya que los empresarios nunca conocieron esas cifras y sin ellas no podrán confiar en las propuestas de Acciona y el Ayuntamiento.

Ofimático 2010 calcula que en la actualidad se ha realizado el 50% de las obras de urbanización del polígono, aunque ese porcentaje puede variar en función de cómo se efectúe el cómputo. Para explicar la conveniencia de un acuerdo, Juan José Yáñez recordó que el cumplimiento literal de la sentencia llevaría a la anulación total de la adjudicación de las obras y por lo tanto habría que volver a licitar la obra redactando un nuevo proyecto de urbanización para la parte que falta por urbanizar.

En ese nuevo documento habría que incluir las modificaciones que pretende el Ayuntamiento, como la supresión del puente sobre Alfonso Molina, el aparcamiento subterráneo y la exclusión del polígono del margen derecho de Lavedra. También habría que inscribir de nuevo en el registro la reparcelación como consecuencia del nuevo plan parcial, redactar un nuevo pliego de condicione y realizar otra licitación del proyecto. Yáñez recordó que para la última inscripción del proyecto de reparcelación hubo que esperar de 2009 a 2011.

Otra de las consecuencias de que no se consiga un acuerdo es que las cooperativas no podrían recibir la licencia de primera ocupación de las viviendas, ya que la zona no dispondría de los suministros y equipamientos necesarios.

La alternativa a este proceso, según los promotores, sería una "transacción extrajudicial de la manera que lo permita la Ley", según señaló Yáñez, en la que sería necesario abaratar el coste de la urbanización, que fue adjudicada por el Ayuntamiento en 42 millones de euros en abril de 2011. Los propietarios de los terrenos consideran ese coste muy por encima de lo que es habitual en procesos similares, ya que es un precio tres veces más elevado que el de las mismas obras realizadas en el polígono de Someso y dos y media más que en las de los de Eirís y Oza.

Los promotores estiman como imprescindible esa reducción del coste de los trabajos, ya que, además, tras la modificación del plan parcial no habrá aparcamiento subterráneo, puente sobre la avenida y urbanización del margen derecho de la misma.