Cofradía, concellos y Universidad alegarán en conjunto al dragado de la ría

La concejal de Medio Ambiente del Concello de A Coruña, María García, explicó ayer que el documento es "muy complejo" y que necesitan tiempo para poder estudiarlo a fondo y para redactar sus solicitudes. El portavoz de la Agrupación de Mariscadores a Pé de la ría de O Burgo, Manuel Baldomir, añadió que al Gobierno le llevó "años" poner sobre la mesa un documento sobre la regeneración del estuario, por lo que le parece que "un mes" es poco tiempo para poder estudiarlo, sobre todo porque coincide con las fiestas de Navidad. Es por ello por lo que piden "un mes más como mínimo" para poder profundizar en el proyecto.

Baldomir apuntó que, cuando Demarcación de Costas les hizo a los miembros de la mesa de la ría un avance del documento, les dijo que el plazo de alegaciones sería de unos tres meses, un periodo que se redujo, finalmente, en el proyecto que salió a exposición pública.

"Toda la mesa va a pedir que se amplíe el plazo para presentar alegaciones porque lo consideramos escaso y queremos hacer alegaciones conjuntas que recojan diferentes sensibilidades", explicó María García, que abrió la puerta a que los afectados, además, presenten alguna alegación particular sobre un tema concreto, sin que tengan que apoyarla los demás.

A falta de su redacción final, la mesa ya tiene claro sobre qué pilares se asentarán estas demandas: el presupuesto, el apoyo al sector del marisqueo mientras se ejecute el dragado porque consideran la actividad extractiva "incompatible" con las obras de saneamiento y el fomento de "las cautelas medioambientales".

La mesa de la ría cree que los presupuestos generales del Estado, que prevén una inversión de siete millones de euros en cuatro años -uno en 2016, dos en 2017, dos en 2018 y otros dos en 2019- recogen una cantidad "insuficiente" para ejecutar el dragado. Y es que el proyecto sobre el que se basa esta obra sitúa el coste en unos 46,3 millones de euros, de los que 31,3 se destinarían a pagar las obras y, el resto, a sufragar tasas e impuestos derivados de esta obra.

"Hace dudar de la seriedad de las intenciones, cuando faltan los recursos...", dijo María García, ya que esa previsión de inversión deja abierta la posibilidad a que el grueso de las obras no se acometa hasta pasado el año 2019. El plazo de ejecución que establece el proyecto presentado por el Ministerio de Medio Ambiente es de casi dos años, 21 meses, por lo que, de no empezar las obras hasta dentro de cuatro años, el estuario no estaría regenerado hasta 2021.

Sobre las garantías medioambientales con las que la mesa de la ría entiende que debe ejecutarse el proyecto, la concejal coruñesa dijo: "Es un ecosistema muy frágil. Nos interesa a todos que el proyecto se desarrolle con el mayor cuidado. Hay que introducir esa perspectiva de cuidado del ecosistema, que es necesario en un proyecto de dragado de una ría que es tan frágil".

Los integrantes de la mesa también solicitarán protección económica para los mariscadores, al entender que no será "compatible" la labor extractiva con los trabajos de dragado, que es la opción que contempla el proyecto.

"Dadas las circunstancias de la ría y tal y como viene redactado el proyecto, lo más probable es que no se puedan realizar al mismo tiempo los trabajos de extracción del marisco, por la salubridad del producto, y las obras de dragado", explicó Baldomir, que reforzó su argumento con uno de los puntos que recoge el proyecto, la prohibición del baño en una zona de Santa Cristina.

"¿Cómo va a salir al mercado [el marisco] removiendo todo tipo de contaminación que hay en los lodos?", se preguntaba ayer el portavoz de los mariscadores. "En el proyecto dice que van a meter maquinaria pesada en O Caínzo, en As Maruxas Grandes y As Maruxas Pequenas porque la draga no llega a esas zonas", recordó Baldomir que, alertó, a su vez, de que la contaminación, con las subidas y bajadas de la marea va a estar "en suspensión en el agua" y prevé que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), que es el órgano encargado de vetar la extracción en las rías, va a a "cerrar" el estuario.

El proyecto recoge que habrá que retirar la semilla de bivalvo sembrada en los bancos marisqueros para instalarla en otros durante las obras de dragado.

Baldomir solicita que haya un "respaldo económico" para el sector, que se ha visto afectado este año por varios cierres del estuario, tres de ellos por alto nivel de hidrocarburos en los bivalvos. El colectivo de mariscadores no ha recibido ninguna compensación económica para hacer frente a estas prohibiciones de faenar, aun cuando uno duró casi un mes. La ría tiene, actualmente, menos de un 20% de superficie productiva y la mortalidad de la almeja alcanza el 20%.

El portavoz de los mariscadores instó también a la Consellería do Mar a sumarse a estas alegaciones conjuntas que van a redactar los afectados y a que, si finalmente no lo hace, que explique sus razones. Los miembros de la mesa de la ría se han citado el 4 de enero para profundizar en el texto de las objeciones a presentar.

El concejal de Medio Ambiente de Culleredo, José Ramón Rioboo, que acudió ayer a la reunión de la ría, abogó por que el proyecto final de regeneración de O Burgo ofrezca "tranquilidad" a los afectados, así como por que el Estado les ofrezca "totales garantías de cobro de las correspondientes indemnizaciones".

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, dijo ayer que llevaba "luchando desde niño" por la regeneración del estuario. "Está el proyecto y está el dinero y ahora hay que hacerlo en el menor tiempo posible", explicó.

Baldomir tildó ayer de "electoralista" la medida de sacar a exposición pública el documento de dragado justo antes de las elecciones generales. El plazo de resolución de alegaciones todavía no se le ha trasladado a las partes.