Los representantes de los comerciantes que desarrollan su actividad en los mercados municipales ya conocen el borrador de la nueva ordenanza que regulará el funcionamiento de estas instalaciones, ya que el concejal de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, se lo dio a conocer ayer con el fin de que aporten sus propuestas.
El Gobierno local, que entregará este mismo documento hoy a los grupos políticos en la comisión de Economía Social, pretende aprobar la nueva ordenanza a comienzos del próximo año, después de recibir las aportaciones de todas las partes implicadas en este sector.
Una de las novedades que Marea Atlántica pretende introducir en la gestión de los mercados es la ocupación de los 50 puestos vacantes en la actualidad, y además mediante el sistema de concurso público en lugar del de subasta. Esta iniciativa no se lleva a cabo desde 1993, lo que Alberto Lema aseguró ayer que le causó una de las mayores sorpresas a su llegada al Concello, ya que existe una elevada demanda para cubrir esas plazas vacantes.
El concurso para la cobertura de esos puestos valorará no solo la oferta económica que presenten los aspirantes, sino también el proyecto, según explicó Lema, quien también citó como novedad que la concesión será por un máximo de 20 años y que será improrrogable, así como que solo se podrá optar a una plaza.
"Esta es una primera medida en el camino para la revitalización de los mercados", anunció el concejal, para quien se encontraban en una situación de "parálisis" a causa de un largo periodo de "dejadez". Las nuevas ordenanzas sustituirán a las aprobadas en 2006 y supondrá la aplicación del derecho público en lugar del privado en la regulación de los mercados, de forma que se prohibirán los traspasos y arrendamientos de los puestos, así como los temporeros o precarios, unos 50 en la actualidad, que pasarán a convertirse en titulares de las plazas en las que trabajan.
También incluye el borrador de la ordenanza que el Concello será "de forma preferente" el encargado de la gestión de los mercados, medida con la que Lema trata de impedir que se produzcan nuevos casos como el de Santa Lucía, en el que el concesionario incumplió su deber de mantener las instalaciones y ahora, tras el fin del contrato, se desentiende de su reparación.
La nueva normativa incorpora la creación de una Comisión Social de Mercados, formada por representantes municipales y vendedores con el fin de adoptar iniciativas para potenciar este tipo de instalaciones comerciales. "El impulso a los mercados es un compromiso de este Gobierno que fue refrendado en el propio pleno municipal y en el que ya llevamos dados numerosos pasos ", afirmó Alberto Lema.
