La concejalía de Rexeneración Urbana ordenó la "suspensión inmediata de las obras" de reforma del complejo deportivo La Solana, cuyo propietario es la empresa Metropolitan Spain, por no ajustarse a la licencia municipal que le fue concedida en 2013 por el anterior Gobierno local y por no disponer del permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio para realizarlas, ya que se encuentra en las proximidades de las murallas de la Ciudad Vieja.
La inspección realizada por los técnicos municipales dio como resultado la comprobación de que el edificio de más de 1.000 metros cuadrados de superficie que se construye sobre las antiguas pistas de tenis -destinado a salas de fitness y cuya apertura estaba prevista para marzo- cuenta con un menor número de pórticos que el que figura en el proyecto presentado. Este periódico no consiguió ayer obtener la opinión de Metropolitan sobre esta decisión municipal.
Según el informe presentado, la construcción tiene una "longitud inferior a la proyectada" y se ha modificado el "sistema estructural", lo que afecta a la "cimentación, pilares y vigas". También explican los técnicos que los pórticos diseñados eran de madera laminada, pero que en el de ejecución se cambiaron por otros metálicos, al tiempo que también se variaba el volumen del edificio.
De acuerdo con esta inspección, las obras "no se ajustan a la licencia concedida", por lo que deberá presentarse un proyecto reformado que permita comprobar que cumple la legalidad. Otro de los aspectos destacados por los funcionarios de la sección de Disciplina Urbanística es que en el expediente municipal sobre este proyecto no figura la autorización previa de la Dirección Xeral de Patrimonio, que es preceptiva para esta actuación.
Alegaciones
La resolución dictada por la concejalía ordena la reposición de la legalidad y da un plazo de 15 días a los promotores de las obras para que presenten alegaciones y la documentación que se le exige. En la misma orden se advierte de que si se incumple la paralización de las obras se procederá al precintado de la zona, la retirada de la maquinaria y la suspensión de los suministros, aunque también podrán imponerse multas de entre 600 y 6.000 euros de forma reiterada hasta que se suspendan los trabajos. También se comunica a Metropolitan Spain de que el incumplimiento de la paralización puede llevar al Concello a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía para que determine si existen responsabilidades penales.
La intervención municipal fue motivada por la solicitud presentada el 29 de octubre por un ciudadano, quien sospechaba que el edificio que se construía no respetaba la altura permitida, por lo que afectaría a la visión de las murallas desde el paseo marítimo de O Parrote. Pero en la inspección efectuada, los técnicos del Concello reflejaron que la altura del inmueble se ajusta a la licencia concedida.
La asociación de vecinos de la Ciudad Vieja presentó otro escrito el 13 de noviembre en el que reclamó conocer si la obra disponía de los permisos del Concello y de Patrimonio, así como si su ejecución se desarrollaba de acuerdo con la licencia otorgada, aspecto sobre el que finalmente se ordenó la paralización del proyecto.
