Javier de Vega Responsable de comunicación de la Fundación Civio

"Los municipios tienen que esforzarse en formar a sus funcionarios para cumplir la ley"

"Es previsible que los ayuntamientos no cumplan las exigencias de transparencia desde el inicio" - "Las administraciones no está acostumbradas a compartir su información"

03.01.2016 | 02:42
El responsable de comunicación de la Fundación Civio, Javier de Vega.

La Fundación Ciudadana Civio es, probablemente, la organización que de manera más incansable ha trabajado en los últimos años por la aprobación de una Ley de Transparencia avanzada en España. Ahora que el pasado 10 de diciembre la normativa entró en vigor para todas las administraciones municipales, justo un año después de hacerlo para el Gobierno central, Javier Vega, uno de los responsables de la entidad, analiza los puntos débiles de la ley, las exigencias que asumirán los Concellos y los cambios que podrá suponer en la organización interna de las entidades más cercanas al ciudadano

-¿Qué carencias considera que tiene la actual ley de Transparencia?

-No recoge lo mejor de otras leyes que ya se aplican en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, es muy ambigua a la hora de admitir o inadmitir una solicitud de información a trámite. Si el funcionario, tras la solicitud, considera que la información tiene un carácter "auxiliar o de apoyo" (información contenida en notas, borradores, informes internos, comunicaciones entre organismos, etc.) esa petición ya no se admite a trámite. Es enorme la cantidad de información que permanece fuera del alcance del ciudadano. También se limita el acceso a la información si afecta a intereses económicos y comerciales, lo cual puede dar lugar a interpretaciones, o si entra en el terreno de la "confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisión".

-También criticaron la falta de independencia del organismo que vela por el cumplimiento de la ley.

-Sí, es otro de los problemas. Aunque este ente, que se conoce como Consejo de Transparencia, debería ser independiente y despolitizado, no lo está. Su estatuto ya incluye que un diputado y un senador formen parte de él. Si bien es cierto que durante este año de aplicación de la ley ha sorprendido que el Consejo esté trabajando mejor de lo esperado, no se puede depender de tener esta suerte o de dejarlo al azar. Tienes que tener una norma que haga que este organismo no dependa de un cargo público pero en este caso depende del Ministerio de Hacienda.

-En comparación con otras leyes de nuestro entorno europeo, ¿qué nivel de exigencia tiene esta norma para la administración española?

-La ley no es de las mejores. Es más, está de la mitad para abajo. De un ranking de 200 leyes de transparencia de todo el mundo, se estimaba que la española estaría en el puesto 70 y pico. Es decir, que una ley que salga ahora en un país como Uganda puede ser bastante mejor.

-¿Cómo está siendo el proceso de implantación a nivel del Estado de esta ley?

-Está siendo problemático e incurriendo en algunos defectos que se repiten a nivel local. El primero es que la ley debe venir acompañada de un reglamento, que regule y aclare las cuestiones ambiguas que aparecen en la ley. Ahora mismo nos encontramos con que todavía no hay reglamento, pese a que llevamos un año con la ley en vigor. Como se han disuelto las Cortes esto tendrá que aprobarlo el gobierno que salga elegido del nuevo Parlamento. El ciudadano tiene cierta indefensión porque, por ejemplo, si yo ahora pido información y la administración me dice que no la tiene y que tendría que reelaborarla (fusionando un par de tablas de datos o buscando información en varios informes internos) mi solicitud sería denegada. Además, con la aplicación de diferentes normas autonómicas, está siendo una implantación bastante desordenada y el proceso bastante difícil.

-¿Están los ayuntamientos preparados para cumplir con las exigencias de esta ley?

-La Administración General del Estado, después del año de transición de entrada en vigor de la ley, no está todavía preparada, no cuenta con reglamento ni con unidades de información en todos los ministerios. Teniendo esto en cuenta, es muy previsible que en los ayuntamientos pase lo mismo y no se cumpla la ley desde el primer día. Es probable que la información que den al principio sea inconexa, en PDF o a través de enlaces que ya eran públicos. Con todo, no será un proceso homogéneo y dependerá mucho del tamaño del municipio. Tienen un reto muy gordo por delante y van a tener que esforzarse con la formación de los funcionarios.

-¿Por qué se ha tardado tanto en España en poner en marcha esta ley?

-En España las administraciones no estaban acostumbradas a compartir su información pese a que fue recogida con cargo a dinero del ciudadano. Hasta ahora no ha habido ningún incentivo para dar esa información, más bien al contrario, ya que la Ley del Sector Público habla de multas a los funcionarios que difundan información que no deben. En cambio, no existían sanciones para quien no la facilitase. También ha habido un problema de demanda, es decir, la gente no presentaba solicitudes y las preguntas se limitaban a ONG u entidades que trabajan con asuntos de educación o salud.

-¿Por qué ahora que se ha decidido aprobarla ha salido una ley de tan baja intensidad?

-Las leyes de transparencia muchas veces se aprueban por obligación, porque es un derecho que hay que comenzar a regular, pero a las administraciones, por lo general, no les gusta mucho eso de compartir una información que pueda ser crítica con su gestión. En algunos casos se aprueba una ley de mínimos para cumplir con una promesa electoral, como había hecho en este caso el PP y el PSOE. Pero hay diferencias entre una normativa que se limita a exigir la publicación del organigrama municipal o los currículos de los miembros del Gobierno y otra que extiende las obligaciones de transparencia a, por ejemplo, explicar qué informes se han tenido en cuenta para aprobar una determinada obra.

-¿De las solicitudes que se realizaron en el portal de transparencia del Gobierno, qué porcentaje se han rechazado?

-La información que tenemos es a través de una herramienta que se llama Tu Derecho a Saber. En septiembre, el Consejo de Transparencia decía que el silencio administrativo, es decir, las ocasiones en que no se daba ningún tipo de respuesta a las solicitudes de información, rondaba el 1%. Sin embargo, cuando nosotros intentábamos enviar solicitudes por correo a través de esta herramienta nos encontrábamos con un silencio del 47% en todas las administraciones.

-¿Se está haciendo uso de este portal de transparencia y del derecho a solicitar información?

-El Consejo de Transparencia dice que en el primer año han recibido unas 3.000 solicitudes de información. La cifra es mucho menor que en Reino Unido, donde recibieron unas 40.000 el primer año. o que en Chile, con 30.000 también el primer año. Aquí el Gobierno español esperaba unas 35.000 y finalmente han sido 3.000.

-Los ayuntamientos podrán crear unidades de información. ¿Supondrán estas exigencias una gran inversión a los gobiernos locales?

-Yo creo que no requiere inversión. Por ejemplo, el Consejo de Transparencia se formó reestructurando personal y prácticamente a coste cero. Se cogieron funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas, gente que había trabajado en modernización de las administraciones o servicios digitales y se les formaba y se les adecuaba al nuevo organigrama. En las entidades locales creo que va pasar lo mismo. Lo que se necesita es dar formación, dándoles herramientas para manejar grandes bases de datos, archivística y un poco de conocimiento jurídico sobre las obligaciones que supone esta ley. No haría falta que se incorporasen trabajadores pero sí una cierta reestructuración orgánica y mucha formación a los funcionarios.

-Si la administración pública no cumple con sus obligaciones a la hora de hacer pública la información, ¿habrá algún tipo de multa?

-Depende de qué norma se le aplique. Ahora está en tramitación la ley de Transparencia de Castilla la Mancha, que sí tiene un régimen sancionador, de forma que si uno no cumple y no da la información que se le pide reiteradamente puede recibir sanciones. Lo mismo ocurre en Cataluña. La ley estatal no tiene un régimen sancionador excesivamente claro por lo que la respuesta es "depende". No espero que haya multas o sanciones para funcionarios que incumplan la ley los primeros meses o el primer año. En el día a día es difícil que cause problemas este asunto.

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