Las conversaciones mantenidas por el Gobierno local con entidades financieras instaladas en la ciudad no fructificaron por el momento en la cesión de viviendas al Concello para que las destine a alquileres sociales, aunque sí manifestaron su intención de hacerlo. Esa es la respuesta ofrecida por el Gobierno local de Marea Atlántica a la pregunta del BNG por la política municipal hacia los bancos, después de que los nacionalistas denunciasen que el Concello mantiene colaboraciones en actividades con entidades que llevan a cabo desahucios.
El Ejecutivo municipal responde que realizó reuniones con los bancos que operan en A Coruña con el fin de "tantear su compromiso y voluntad" para ceder viviendas vacías al Concello y posteriormente ponerlas "a disposición" de los vecinos. Según el Gobierno municipal, el compromiso expresado en esos encuentros por las entidades "no se formalizó por escrito", por lo que en la actualidad "no pusieron a disposición del Concello ninguna vivienda".
Ante esta situación, el Gobierno local solicitará a los bancos que "concreten" la voluntad que anunciaron en las reuniones mediante la firma de un convenio. La negociación con las entidades financieras para que cedan al Ayuntamiento los pisos que mantienen vacíos era uno de los contenidos del programa electoral de Marea Atlántica, que con esta iniciativa pretendía atender la demanda de viviendas a precios asequibles por parte de personas que carecen de recursos económicos suficientes.
Otros gobiernos municipales han desarrollado acciones semejantes, como es el caso del de Madrid, que el pasado mes de noviembre firmó un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, por el que le cedió 300 viviendas.
La mitad de ellas estaban vacías y la otra ocupadas ilegalmente por familias "en situación de vulnerabilidad", según el Ayuntamiento madrileño, que con esta actuación pretendía cobrarles un alquiler por su estancia una vez que los servicios sociales realizaron un informe sobre su situación. El plan municipal preveía que la cuota de arrendamiento no llegase al 30% de los ingresos familiares.
El acuerdo con la Sareb establecía además el pago por el Ayuntamiento de 75 euros al mes por cada vivienda ocupada y 125 por cada una de las vacías, además del IBI, mientras que el banco malo pagaría los seguros de los pisos y la comunidad de propietarios.
El Ayuntamiento de Barcelona notificó además en septiembre doce sanciones a entidades financieras por tener viviendas vacías durante más de dos años. Estas multas fueron de 5.000 euros y serán seguidas de otras que pueden llegar a los 18.000 euros. La medida se aplicó de acuerdo con la Ley de Vivienda de 2007.
