Nueva fase en la investigación por el fraude en subvenciones

Dos cargos de la Xunta y uno del Gobierno, entre los 25 nuevos investigados en la ´Zeta´

La Juez investiga por tráfico de influencias al empresario Pachi Lucas, al que la oposición en Galicia presenta como amigo de Alberto Núñez Feijóo. La instructora considera "demoledoras" las conclusiones del informe sobre esta trama

16.01.2016 | 11:29
Gerardo Crespo
Gerardo Crespo

La juez que instruye la operación Zeta amplía a otros 25 presuntos implicados la investigación de una supuesta trama de fraude en cursos de formación. En un auto dictado ayer, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña los cita en calidad de investigados, nueva denominación de los imputados. Entre ellos incluye a una alto cargo de la Xunta y a otros dos exdirectivos públicos, uno del Gobierno autonómico y otro del central. Son los exdirectores xerais de Formación e Colocación con el Gobierno de PSOE y BNG, Pastor Fuenteseca, y de Emprego e Formación, Ana Díaz, que ocupó el puesto con el PP hasta el pasado mes de octubre, cuando fue nombrada directora xeral de Conservación da Natureza, cargo que ocupa en la actualidad. Está también llamado a prestar declaración el exdirector general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas con el Gobierno central del PSOE, Juan José Barrera. Prestarán declaración como presuntos autores de un delito de prevaricación.

La juez cita también como investigado a Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, como presunto autor de un delito de tráfico de influencias. Lucas fue señalado por el presunto cabecilla de la trama, el empresario coruñés Gerardo Crespo, como "conseguidor" de contratos públicos para sus empresas. Tanto Crespo como la oposición en el Parlamento de Galicia presentaron a Lucas como "amigo íntimo" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Los otros 21 nuevos investigados lo son por haber prestado "colaboración para la constitución de sedes ficticias" de las empresas implicadas en la trama y que firmaron contratos de alquiler y de trabajo "con el objetivo de ser receptoras" de estas actividades formativas.

La operación se centra en la investigación de un presunto fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación a través de una trama de empresarios y cargos públicos, con epicentro en A Coruña. La instrucción cuenta ahora con más de medio centenar de investigados, ya que 2015 se cerró con treinta personas con esa condición.

La juez amplió ayer también la lista de testigos llamados a dar explicaciones sobre el funcionamiento de esta presunta trama. En el auto emitido se cita a 23 personas más para que presten declaración en calidad de testigos, entre ellos, la actual conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo González, y de cargos públicos en Cantabria, la Rioja y País Vasco.

La juez explica en este auto que "las conclusiones de la primera parte del informe" referido a la Confederación de Empresarios y Profesionales de España (Caype), presidida por Eliseo Calviño, "no pueden ser más demoledoras" y confirman "los numerosos indicios" recabados durante la investigación.

"No hay registro ni documento alguno que acredite la actividad propia de Caype definida en sus estatutos", dice la juez después de analizar el informe elaborado por la Agencia Tributaria. La instructora apunta además a que los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y a que los que se contabilizan "como donaciones no se aplican a fin social alguno".

En el informe, la juez define a Caype como "un mero artificio" cuya finalidad última es "la indebida apropiación de fondos públicos, falseando" la información sobre su estructura y sus gastos. Con esta maniobra, la instructora desvela que Caype pudo acceder a 4,04 millones de euros de fondos públicos.

El auto da por confirmado que la representatividad de Caype era "nula" y que simulaba su implantación en todas las comunidades autónomas. En este punto, dice que el conglomerado de empresas Azetanet, del empresario Gerardo Crespo, funcionaba no solo como "consultora" de Caype para impartir cursos de formación sino que también llevaba el control de las supuestas sedes que la confederación decía tener por toda España.

En el auto se desvela también que Caype subcontrataba "sistemáticamente" a empresas de Gerardo Crespo, ya que, cuando solicitaba presupuestos para la ejecución de algún curso, todos partían de firmas del empresario coruñés. Y habla también de que "se disfraza de contratación de personal docente" la formalización de un contrato con la mujer de Eliseo Calviño.

En el cuarto punto de hechos confirmados, la juez relata que, tras realizar un "análisis individual de los cursos", constata el "abuso de facturación genérica", de modo que no se puede saber de forma precisa el gasto; y habla de "sobrefacturación", ya que existe "desproporción entre los costes de formación facturados a la entidad patrocinadora y los facturados por profesores externos y los que constan en las nóminas de sus empleados docentes".

La juez concluye que entre la organización de Eliseo Calviño, Caype, y la de Gerardo Crespo, Azetanet, existía "un pacto de devolución". Es decir, que cuando las subvenciones públicas entraban en las arcas del grupo de Calviño, éste contrataba a empresas de Crespo, que le devolvía después parte del ingreso. En el auto consta que Calviño recibió 4,04 millones de euros del erario, con los que contrató a sociedades de Crespo. Éste le reembolsó casi el 70%, 2,81 millones de euros. Estos ingresos procedían del Ministerio de Empleo, la Xunta, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco, y la de Industria e Innovación de la Rioja.

Estas devoluciones, según consta en el auto emitido ayer, se realizaban con cheques de 3.000 euros que Caype no refleja en su contabilidad. La instructora aclara que estos 2,8 millones de euros que las empresas de Crespo le retornaban a Caype proceden de "fondos públicos" porque la entidad presidida por Calviño "no tenía otros ingresos".

Sobre cómo llegó Caype a contar con el reconocimiento de "asociación profesional representativa de los trabajadores autónomos", el auto asegura que el entonces secretario de Estado de Empleo, Juan José Barrera, ahora investigado, emitía informes favorables. La juez advierte de que "llama la atención" que, en 2011, el Consejo de la Representatividad de las Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos, "al que correspondía atribuir o declarar la representatividad", concluyese que Caype "no podía ser valorada o baremada al no haber acreditado sedes permanentes en al menos doce comunidades autónomos y 24 provincias".

Tanto Barrera como Pastor Fuenteseca y Ana María Díaz serán investigados por haber cometido presuntamente un delito de prevaricación. El auto refleja que hay "indicios de connivencia" con Crespo y Calviño a la vista del material intervenido en la sede de Azetanet, como conversaciones telefónicas y correos electrónicos. Esos indicios explicarían su "total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto" de las subvenciones concedidas a Caype.

La juez tiene de Pachi Lucas un correo electrónico en el que proporciona una cuenta bancaria de su titularidad a Gerardo Crespo en respuesta a un correo en el que Azetanet le solicitaba información de las razones sociales a las que debía facturar y los importes de los ingresos percibidos durante el ejercicio de 2011, abonados desde diferentes empresas del grupo. La investigación policial concluye que "no hay rastro" de que hubiese relación comercial entre Crespo y Lucas o sus empresas ya que sus actividades "poco tienen que ver".

El auto recoge correos electrónicos en los que se le informa de "asuntos de Madrid y Galicia", en los que se hace referencia a adjudicaciones concretas y cobros pendientes. En el informe consta un mensaje de Lucas en el que informa a Crespo de que le ha concertado una cita "en el despacho de Ana Pastor", ministra de Fomento en el Ejecutivo del Partido Popular.

Una vez que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) facilite los domicilios de los citados a declarar como investigados y testigos e indique los cargos públicos ocupados por algunos de ellos desde 2008 hasta la actualidad, el juzgado pondrá fecha a sus declaraciones. En la primera fase de la instrucción del caso, en los meses de febrero y marzo de 2015, acudieron al despacho de la juez los treinta imputados en la trama que presuntamente defraudó 20 millones de euros. La mayoría se negó a declarar a la espera de que llegase este informe de la Agencia Tributaria.

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