Altos cargos dieron ayudas a la trama de la 'operación Zeta' pese a las irregularidades

El Ministerio de Empleo, la Xunta y los gobiernos de País Vasco, Cantabria y La Rioja le concedieron 4 millones para actividades de las que en muchos casos no hay constancia

17.01.2016 | 19:04
Eliseo Calviño.

Las continuas anomalías apreciadas por la Administración en la tramitación de las subvenciones recibidas por las asociaciones y empresas implicadas en la operación Zeta no fueron obstáculo para que recibiese diversas ayudas a lo largo de los años, y además con el aval de altos cargos que debían supervisar su concesión. El auto emitido el viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, en el que se cita a declarar a 25 nuevas personas como investigadas -figura jurídica que sustituye a la imputación-, detalla 36 subvenciones recibidas por la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, presidida por Eliseo Calviño, para actividades que debían organizar las empresas de Gerardo Crespo y de las que en muchos casos no hay constancia de que llegaran a realizarse.

La juez aprecia en los responsables públicos, tres de ellos entre los nuevos investigados, "indicios de connivencia" con Calviño y Crespo, lo que explicaría, a su juicio, "su total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto" en estas subvenciones.

La investigación cifra en 4 millones de euros la cantidad obtenida por la trama con estas ayudas, de la que Crespo devolvió 2,8 millones a Calviño tras recibir el dinero que debía servir para organizar los cursos y jornadas formativas. El Ministerio de Empleo fue el organismo del que se obtuvieron más ayudas, 3,2 millones, mientras que la Xunta concedió 747.000 euros. El resto fue aportado por los gobiernos autonómicos del País Vasco, Cantabria y La Rioja.

Una subvención de 1,7 millones de euros concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal es la primera analizada y la de mayor cuantía. Fue concedida en agosto de 2007 para un plan de formación de Caype y la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) y recibió el visto bueno de Juan José Barrera Cerezal, director general de Economía Social, uno de los 25 nuevos investigados. En marzo de 2008 Caype recibió un anticipo de 842.000 euros y luego pidió otra ayuda de 856.000 euros que aprueba un nuevo director del SPPE. Caype subcontrató una parte del plan con una empresa de Crespo, Gecreri, y otra con esta misma y otras dos, Azetanet y Mavilga.

La Agencia Tributaria apreció "falta de concreción en los conceptos que se facturan bajo la denominación de impartición de acción formativa, pago anterior a la fecha de la factura y a la impartición de los cursos facturados y de los costes asociados". En 2011, otro nuevo director general del SPEE exigió el reintegro de 170.000 euros y más tarde denegó el aplazamiento de la devolución pedido por Caype, aunque el juzgado no dispone de datos que verifiquen la recuperación de esa cantidad. Crespo devolvió a Calviño 782 .189 euros, supuestamente por colaborar para hacerse con las subvenciones.

La segunda ayuda en importe, de 1,2 millones, se solicitó en noviembre de 2008 por Caype y Feaga para un plan de formación que encargaron a Gecreri y que también fue respaldado por el director general de Economía Social. Crespo presentó al concurso otras dos empresas suyas para simular que había competencia, según el juzgado. En septiembre de 2012 el SPEE exigió la devolución de 238.000 euros. Hacienda destacó que empresas de Crespo emitieron facturas por servicios a Caype cuando carecían de trabajadores. Crespo devolvió a Calviño luego 724.480 euros.

En noviembre de 2011, el entonces director general del SPEE aprobó una ayuda de 14.567 euros a Caype, a la que en junio de 2014, se le exigió que corrigiera deficiencias apreciadas y en febrero de 2015 le reclamó la devolución total de la subvención, que se concedió sin un informe de la Dirección General de Economía Social, como exige la Ley. En febrero de 2008 el SPEE y la Dirección General de Economía Social otorgaron una ayuda de 22.250 euros para gastos de funcionamiento. La investigación revela que no se acreditó la implantación territorial de Caype y los servicios prestados a sus supuestos asociados. El director general de Economía Social, Juan José Barrera, certificó la documentación aportada.

Un caso también llamativo fue la supuesta organización de la cuarta Convención Nacional de Autónomos, que motivó la petición de 45.000 euros, ya que la memoria presentada señala que el único ponente fue el director general de Economía Social ahora investigado por prevaricación, que fue precisamente quien acreditó la actividad. El juzgado califica de "escandalosa" la relación de gastos presentados, como 2.466 euros en billetes de avión o 26.200 euros por diseño, promoción, coordinación, asistencia y desplazamientos de profesionales a una convención que según la revista de Caype duró solo un día.

Este mismo sistema se repitió con las administraciones autonómicas a las que se solicitaron ayudas, lo que llevó ahora a la juez a citar como nuevos investigados a Pastor Fuenteseca Díaz y Ana María Díaz López, directores de Formación e Colocación con el bipartito y el PP, respectivamente. Esta última dejó ese cargo en octubre pasado para asumir otra dirección xeral, la de Conservación da Natureza. La única reacción pública del Gobierno gallego, ayer, tras el auto de la juez fue la de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez que aseguró ayer que muestra el "máximo respeto" por la decisión judicial, que incluye la citación, como testigo, de la entonces conselleira de Traballo, Beatriz Mato, ahora responsable de Medio Ambiente.

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