El Concello rechaza que los propietarios de San Amaro tengan derecho a indemnización

El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, replicó ayer a la demanda judicial que prepara la mayoría de dueños de terrenos que en abril de 1993 cedieron sus parcelas al Concello para la construcción del paseo marítimo a cambio de un aprovechamiento urbanístico. El edil responde que esa edificabilidad acordada en aquella fecha se incorporó al planeamiento municipal de 1998 y al proyecto de compensación aprobado en 2008, de manera que el Ayuntamiento dejó de tener la responsabilidad patrimonial, reconocida en unos acuerdos alcanzados en un pleno de 2002.

Los propietarios unidos en la demanda reclamarán una indemnización de unos 100 millones de eurosindemnización 100 millones de euros, aunque no han concretado la cantidad final. El Concello, según recalca Varela, se va a oponer a compensarlesEl Concellose va a oponer porque esos titulares no materializaron su aprovechamiento al "tardar más de diez años en tramitar la reparcelación" y no urbanizar la zona en el plazo marcado por el plan general de 1998.

"No tienen derecho a indemnización por el hecho de que el nuevo plan general de 2013 altera y modifica la ordenación urbanística de la zona. La imposibilidad sobrevenida de construir en el Agra de San Amaro y de ejecutar lo acordado con el Concello en 1993 se debe a la única y exclusiva responsabilidad de los propietarios", subraya el concejal de Marea.

Como aval para reiterar la falta de responsabilidades patrimoniales del Ayuntamiento en la frustrada ejecución del proyecto urbanístico en la zona, Varela expone una sentencia del pasado 7 de enero del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña. En ella, el juzgado desestima una reclamación de indemnización al Concello de una promotora del Agra de San Amaro a la que el Gobierno local denegó una licencia para construir en esas fincas. Esa autorización no se concedió después de que la Torre de Hércules fuese declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad. Diversas sentencias en casos similares avalan la denegación de licencia por parte del Ayuntamiento. La urbanización prevista, con bloques de viviendas en seis plantas, iba a construirse a 500 metros del faro. Esta sentencia apunta no obstante que el Gobierno local socialista, con Vázquez en la Alcaldía, había acordado en un pleno de 2002 compensar a los propietarios de terrenos afectados, pero que estos no eran todos los titulares de suelo en el ámbito del área de reparto en el que se encontraba el polígono del Agra de San Amaro, sino solo aquellos que, en 1993, habían cedido suelo para construir el paseo marítimo. Y la promotora demandante, según el fallo, no ha acreditado que forme parte de ese grupo.

Otro aspecto en el que insiste Varela es la negativa del Gobierno local a permitir nuevas construcciones en el Agra de San Amaro, Adormideras y el entorno de la Torre de Hércules, como adelantó en un pleno municipal de octubre, por la protección patrimonial del faro coruñés. El anterior Ejecutivo, del PP, también defendía esta postura a pocos días de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, aunque dos años antes el entonces alcalde, Carlos Negreira, reconocía el aprovechamiento urbanístico de los propietarios en la zona y trasladaba la edificabilidad al área de la cantera de Adormideras.

El origen del conflicto por la urbanización en San Amaro parte de los acuerdos con los dueños de fincas a los que el Gobierno de Vázquez cedió edificabilidad a cambio de sus terrenos para construir el paseo marítimo. Ocurrió en 1993. Desde entonces los sucesivos Gobiernos locales socialistas aplazaron la cesión de aprovechamiento a los propietarios, acordaron después indemnizarlos y les cedieron en el plan general menos superficie edificable de la prevista. La declaración de la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad impide materializar esa edificabilidad en el Agra de San Amaro.