El Ayuntamiento habilita cinco pisos para el realojo temporal de afectados por desahucios

El proyecto de los presupuestos municipales para 2016 reserva una partida de 10.000 euros para el acondicionamiento y el mantenimiento de los pisos - Algunos de ellos ya están ocupados por familias

27.01.2016 | 15:14
Concentración ante la vivienda de Elisabeth Sanlés, para intentar frenar su desahucio.

Claves

  • Compromiso. El Ejecutivo de Marea Atlántica llevaba en su programa para poner en marcha los primeros cien días no colaborar en ningún desahucio que se ejecutase en la ciudad
  • Soluciones. El Gobierno local habilita cinco viviendas para que los desalojados de sus viviendas tengan una solución temporal. Algunas de ellas ya fueron usadas para ese fin
  • Situación anterior. El anterior Ejecutivo local puso en alquiler social 67 viviendas, destinadas a atender a personas sin recursos, entre las que incluía posibles víctimas de desahucios

El borrador de presupuestos municipales elaborado por Marea Atlántica para el ejercicio de 2016 reserva 10.000 euros para el acondicionamiento y mantenimiento de cinco viviendas destinadas a darle una solución temporal a las personas que han sufrido un desahucio. Algunas de estas casas están ya ocupadas. La tarea comenzó el año pasado, ya que los pisos no contaban con muebles ni con suministro eléctrico. Durante el anterior mandato, el Gobierno local puso a disposición de familias con problemas económicos 67 viviendas en régimen de alquiler social y defiende que paralizó unos 800 desalojos. Los adjudicatarios de esta alternativa tenían que hacer frente con sus ingresos al alquiler a precio reducido y también a los recibos de comunidad, luz y gas

El Gobierno local reserva en su proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016 una partida de 10.000 euros destinada al mantenimiento y acondicionamiento de cinco viviendas municipales, con el objetivo de ofrecer una solución temporal a personas que se encuentran en situación de emergencia por haber sufrido un desahucio.

Las viviendas, según fuentes municipales, pertenecen a la Concejalía de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda y se empezó a actuar en ellas el año pasado, porque no estaban amuebladas ni siquiera estaban conectadas al suministro eléctrico. Según indican fuentes municipales, algunas de las viviendas ya han entrado en servicio y han sido habilitadas de forma temporal para familias con un problema habitacional tras un desalojo.

En el proyecto de presupuesto municipal que el Gobierno local ha redactado para este año -y que ha empezado a negociar con el PSOE para conseguir su aprobación en el pleno- se consigna esta partida específica de 10.000 euros para estas cinco viviendas en concreto, aunque existen otras más amplias de las que se podría derivar dinero para este fin, indica el Ejecutivo.

En el último trimestre del año pasado, según fuentes judiciales, se ejecutó aproximadamente una media de un desahucio al día, aunque en algunos meses esa cifra se amplió. La mayoría de los lanzamientos que se efectúan tiene su razón en el impago del alquiler, aunque los hay también relacionados con la imposibilidad de hacer frente a los plazos de la hipoteca. Algunos afectados consiguen llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para evitar llegar a un abandono forzoso de su vivienda.

Desde el cambio de color en María Pita, en mayo del año pasado, el Gobierno local -ahora de Marea Atlántica, anteriormente del PP- ha paralizado varios desahucios, según fuentes municipales, aunque ninguno de ellos ha traspasado la barrera de lo privado para llegar a los medios de comunicación. Sí que pasó en otras ocasiones en la anterior legislatura.

En los 25 compromisos que Marea Atlántica se fijó para los primeros cien días de Gobierno, figuraba el de negarse a colaborar en cualquier desahucio, así como cancelar los saldos municipales en las entidades financieras que echen a las familias de sus casas.

Durante el mandato del PP, con Carlos Negreira en la Alcaldía, hubo sobre todo, tres casos mediáticos, el de la octogenaria Aurelia Rey, el de la madre de tres hijos Elisabeth Sanlés y el de Álvaro Corral, un vecino de Elviña, al que le tiraron la casa para construir un puente que todavía no se ha ejecutado. En ambos casos, el Concello les ofrecía, como alternativa habitacional a sus viviendas, una plaza en una entidad social.

El diputado del PP y exconcejal de Servicios Sociales en el anterior Ejecutivo, Miguel Lorenzo, explica que, durante su mandato, el Ayuntamiento paralizó unos 800 desahucios y puso a disposición de los vecinos en alquiler social 67 viviendas para personas que, por su situación económica, estaban en riesgo de ser desalojadas de sus viviendas por impago. Las familias adjudicatarias de estas viviendas -tras un estudio de los técnicos de Servicios Sociales- tenían que tener unos ingresos mínimos para poder hacer frente no solo al alquiler social sino también a los recibos de agua, luz y comunidad.

Lorenzo explica que, durante su etapa en Servicios Sociales, lo que más se hacía era orientación de los afectados por esta situación, una actividad que se complementaba con la adjudicación de rentas sociales, para hacer frente a los recibos pendientes y evitar que las familias tuviesen que dejar sus casas,

Desde la plataforma Stop Desahucios, su portavoz Héctor Tejón apunta a que las soluciones del anterior Ejecutivo municipal eran siempre las mismas, o bien una plaza "en Padre Rubinos o en el albergue Sor Eusebia".

La plataforma, que sigue activa en la ciudad y realiza reuniones informativas, sabe de la existencia de estas cinco viviendas habilitadas por el Ayuntamiento, aunque no tiene claro si son una alternativa solo para personas desahuciadas o si se ampliará a, por ejemplo, víctimas de violencia machista.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
 

esquelasfunerarias.es
Enlaces recomendados: Premios Cine