La Xunta ha informado hoy de que ha finalizado los trámites administrativos previos al desalojo de cuatro viviendas de su propiedad ocupadas de forma irregular en el barrio coruñés de Novo Mesoiro.
El delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, ha detallado esta situación en una reunión con responsables del Consistorio herculino, vecinos del barrio y de la subdelegación del Gobierno, informan fuentes del Ejecutivo autonómico.
Calvo ha explicado en un comunicado que ha terminado la tramitación de cuatro expedientes para el posible desalojo de las personas que ocupan de forma irregular estas viviendas, y ha instado a los responsables municipales, en caso de ser necesario, a tramitar las ayudas de Servicios Sociales para las personas que puedan ser desalojadas debido a su situación irregular, añaden las fuentes.
"Hicimos lo acordado con las partes y las administraciones implicadas, y ahora lo que toca es coordinar actuaciones de cara a la situación en la que quedarán las familias que puedan ser desalojadas", ha advertido el delegado de la Xunta, quien ha apuntado al Ayuntamiento para que les busque una solución.
La administración autonómica ha realizado en los últimos meses diversas inspecciones, atendido las denuncias de los propios vecinos y estudiado los expedientes de cada vivienda, por lo que ahora queda pendiente la notificación de las resoluciones al juzgado para iniciar los desalojos.
La Xunta espera que cuando llegue ese día "no nos encontremos con un problema con las familias", añade Calvo, y por ello sostiene que "es necesaria la colaboración de otras administraciones, en este caso del Ayuntamiento de A Coruña, que es el que conoce la realidad de los vecinos que residen en Novo Mesoiro".
En este sentido, ha enfatizado que "la Xunta está dando respuesta a las reclamaciones de los vecinos, que son los que le trasladaron la situación que están sufriendo", y que hay que "tener en cuenta que hay otras personas esperando por estas viviendas que ahora están ocupadas de forma ilegal".
Asimismo, ha pedido la colaboración del Consistorio para solucionar los problemas de convivencia y de seguridad en las viviendas de este barrio de la ciudad.
En busca de una solución integral
La concejala de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, lamenta la decisión de la Xunta de no sumarse a la comisión de seguimiento integrada por la asociación vecinal y la comunidad de propietarios del inmueble. Proponen un pacto local y autonómico para reubicar a las familias, entre las que se encuentran menores, en viviendas vacías de su titularidad. El Gobierno local ofrece, por su parte, un proyecto de integración para evitar su exclusión social. Cameán insta al Gobierno autonómico a contemplar medidas alternativas al desalojo y muestra su preocupación por llevarlo a cabo sin reubicar a las familias con menores a cargo.
“Pedimos que pongan viviendas de titularidad autonómica a su disposición, nosotros actuaremos dentro de nuestra competencias”, reafirma la edil. Entre las medidas contempladas, destaca la elaboración de un informe para evaluar la situación de estas familias antes de llevar a cabo los desalojos y advierte de acudir, incluso, a la Fiscalía de Menores.
“Hay que abordar una cuestión de convivencia que lleva años enquistada. Solicitamos hacer entre todos un análisis pormenorizado y articular una hoja de ruta” con acciones entre ambas administraciones, que volverán a reunirse en 20 días en busca de una solución integral desde ámbitos diversos.
