Los juzgados del partido judicial de A Coruña que tramitan casos de desahucio contabilizaron en el último cuatrimestre del año pasado 157 solo en la ciudad -el partido comprende también Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Carral y Cerceda-, de los que 120, el 76,4%, se deben al impago del alquiler al que deben hacer frente los ocupantes de las viviendas. Otros 21 casos se produjeron por la imposibilidad de pagar la hipoteca del piso y 16, por otras razones, según fuentes próximas a los juzgados.

En el tramo final de 2015 los desalojos judiciales fueron disminuyendo con el paso de los meses, pero siempre se registró una media de más de un caso al día: en septiembre hubo 52, en octubre 34, en noviembre subió a 37 y en diciembre cayó de nuevo a 34.

La previsión con la que trabajan los juzgados para enero es 38 casos, una nueva subida respecto al mes anterior, de los que 28 son tramitados por juicio verbal de desahucio por el impago de rentas de alquiler que provocan la extinción del contrato de arrendamiento y 5 se deben a plazos de la hipoteca no pagados.

Los juzgados de desahucios trabajan con casos que presentan variaciones, como los desahucios por precario, en el que el propietario trata de recuperar la posesión de un inmueble que ha cedido de forma consentida sin contrato de alquiler, o las posesiones derivadas de procedimientos hipotecarios, en el que la vivienda es el bien que responde a la deuda de una persona que no puede asumir la hipoteca y se le entrega su posesión a un tercero.

El Concello ha habilitado este año cinco viviendas para el realojo temporal de vecinos afectados por un lanzamiento inmobiliario, que es el acto físico de desalojar a una persona de un piso que ocupa como inquilino o propietario. Para ello ha reservado 10.000 euros en el proyecto de los presupuestos de 2016 para acondicionar y mantener esas viviendas, que según afirman fuentes municipales, ya están ocupadas por familias afectadas.

El Gobierno local ha intentado pactar con entidades que median entre particulares para evitar desahucios por impago de alquileres, pero admite que la ley impide firmar convenios con ellas porque se interpretan como una contratación de servicios a terceros. Por ello el Concello estudia otras vías legales, que vincula a la negociación del presupuesto de 2016 con el grupo socialista para ponerlas en marcha. También prevé una nueva cita con el juez decano de A Coruña para mejorar el protocolo contra desahucios.