La asesoría jurídica del Ayuntamiento ha emitido un informe preliminar en el que se pronuncia de forma favorable sobre el borrador de la ordenanza de la renta social municipal, una ayuda de atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social cuya regulación tramita el Gobierno local y que necesita la aprobación del pleno de la Corporación.
Los letrados municipales concluyen que el borrador de la normativa municipal se ajusta al derecho y resaltan que la principal limitación que le impone el régimen jurídico es la gestión presupuestaria de la renta social y la justificación de la ayuda percibida debido a su carácter subvencional. La asesoría establece por tanto que la administración de la renta social municipal se hará mediante el pago a acreedores, es decir, con el pago de las facturas de suministros y servicios que le presenten los beneficiarios, y no con el abono directo a los mismos. Solo "excepcionalmente" se autoriza este pago directo sin intermediarios, señala la asesoría jurídica del Ayuntamiento en el dictamen.
La renta social municipal, según el proyecto del Gobierno local, proporcionará a las personas sin ingresos una cantidad mensual de 532 euros, la que se corresponde en la actualidad con el Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem), que será empleado para determinar la ayuda que el Ejecutivo local prevé repartir entre 500 y 1.000 familias de la ciudad que se encuentren en situación de emergencia.
El Concello no ingresará los 532 euros a los beneficiarios, sino que abonará directamente las facturas presentadas por ellos, además de los alquileres o hipotecas de sus viviendas, ya que la legislación impide a la Administración local proporcionar rentas como la Risga de la Xunta. Este aspecto lo recoge el documento de la asesoría jurídica, que recalca que la regla general para gestionar la renta social es mediante el pago a los acreedores de quienes pasan por una mala situación económica.
El borrador establece que las personas con mayores necesidades tendrán prioridad a la hora de recibir la ayuda en el caso de que los recursos del Concello sean insuficientes para atender todas las peticiones. De producirse esta situación, se dará prioridad a las personas que tengan menores ingresos económicos, a las que tengan a su cargo a menores, enfermos crónicos o discapacitados y a quienes dispongan de menor apoyo social y familiar.
El informe jurídico apunta que los perceptores de la renta social deberán poder justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, someterse a actuaciones de comprobación -la ordenanza recoge que habrá un equipo de tres funcionarios de Xustiza Social que formarán parte de una mesa de evaluación de la ayuda- y comunicar la obtención de otras subvenciones.
El grupo municipal socialista ha manifestado públicamente su respaldo a la renta social promovida por el Ejecutivo local y resaltada entre las acciones prioritarias de gobierno en el programa con el que Marea Atlántica concurrió a las elecciones de mayo pasado. Con la previsión de que supere la votación plenaria, el proyecto de presupuestos de 2016 del Gobierno municipal que espera que sea aprobado en pleno en febrero contiene una partida de 2,1 millones de euros para cubrir su línea de ayudas durante el actual ejercicio.
El BNG ha criticado su denominación y criticado que las ayudas no se puedan administrar de forma directa, mientras que el PP la ha rechazado al considerarla una ampliación de las ayudas de emergencia social aplicadas durante su mandato y, por tanto, un "engaño a la población". Pero el apoyo de los socialistas, abre la puerta a que finalmente la renta social municipal quede regulada en una ordenanza y suponga un alivio a ciudadanos en situación de exclusión social. Su aplicación depende, sin embargo, de que Marea y PSOE pacten el presupuesto municipal de este año para nutrir de fondos la renta social.
