El denunciante de las irregularidades urbanísticas cometidas en la construcción del edificio Conde de Fenosa ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que impugna el incidente de inejecución de sentencia promovido por el Ejecutivo de Marea y aprobado en una Junta de Gobierno Local de octubre del año pasado. Alega que el proyecto del Ayuntamiento, contratado por el anterior Gobierno, para legalizar el inmueble con el derribo parcial de sus elementos ilegales, como ordena una sentencia firme del Tribunal Supremo, incumple el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013.

El recurrente reclama que no cabe presentar más incidentes de inejecución de sentencia -el proceso ya ha motivado cuatro- y que la única forma posible de acatar el fallo consiste en devolver el edificio al estado que presentaba antes de la ejecución de las obras amparadas por la licencia ilegal que anuló la sentencia inicial de 2001 del TSXG que ordenaba la demolición total del Conde de Fenosa.

El Superior, al que el Concello ha enviado el incidente aprobado en octubre pasado, todavía no se ha pronunciado sobre si existe la imposibilidad legal de cumplir la sentencia del Supremo, por lo que el Gobierno local está a la espera de saber si puede legalizar el inmueble de acuerdo con el proyecto que encargó al arquitecto Carlos Trabazo. Ese plan propone el derribo de partes -torreones, voladizos, aleros, cornisas y algunos espacios interiores- que vulneran la normativa de edificación.

El recurso del denunciante de las ilegalidades del inmueble argumenta que la inejecución de la sentencia inicial del TSXG aprobada por el Ejecutivo actual pretende legalizar el edificio "al amparo del plan general de 2013, para lo que se malversan sus disposiciones de forma tan torticera como fraudulenta".

Señala que el Conde de Fenosa se encuentra en situación de fuera de ordenación por no ajustarse a la normativa del planeamiento municipal, por lo que obras de reestructuración realizadas en el edificio original de oficinas para transformarlo en un bloque de viviendas y locales comerciales son inadmisibles. También apunta que dos volúmenes que alojan núcleos de escaleras añadidos al cuerpo central del edificio cuando se realizaron las obras amparadas en la licencia anulada están fuera de las alineaciones establecidas.

El denunciante advierte en su recurso de que el proyecto de legalización que espera ejecutar el Concello conserva elementos ilegales, como cubiertas inclinadas y las plantas que tiene debajo; pretende mantener entreplantas añadidas cuya construcción prohíbe el PGOM en vigor; y omite el cumplimiento de las normativas de accesibilidad y habitabilidad.

La alegación critica que las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento se llevan a cabo "con mala fe", con el objetivo de no ejecutar la sentencia inicial del TSXG de diciembre de 2001. "Nos vemos obligados a alegar otra vez sobre [...] una nueva dilación indebida en un procedimiento que viene dilatándose ya durante más de 18 años desde que interpusimos la demanda y además causa a esta parte nuevos perjuicios morales y materiales, que se suman a los agravios que venimos padeciendo por causa tanto de la estrategia dilatoria que el Ayuntamiento [...] como por la falta de control judicial de tales desmanes", justifica.

El Concello informó en octubre de que el plan de legalización costará 1,5 millones y durará dos años. Pagará los trabajos, aunque prevé exigir a Fadesa la financiación como promotora del edificio.