Los vecinos de tres bloques de Novo Mesoiro protestaban hace un decenio por el retraso en la entrega de las llaves de sus viviendas de protección oficial. La construcción de los edificios estaba concluida desde hacía más de seis meses, pero los problemas con la recepción de la entonces denominada calle 5 obligaron a retrasar la entrega de los pisos. Finalmente, la Junta de Gobierno Local aprobó el 17 de marzo de 2006 la documentación. Tras recepcionar la calle, el Ayuntamiento otorgó las licencias de primera ocupación de los edificios, permitiendo de este modo que la promotora entregase este permiso en el Instituto Galego da Vivenda e Solo, encargado de ratificar la concesión de habitabilidad, ya que los pisos son de protección autonómica.

Los vecinos de la calle 6 también se movilizaron hace diez años para exigir que les permitiesen acceder a sus casas. Los afectados culpaban entonces del retraso al Gobierno local, dirigido por Javier Losada, a la Xunta, a los promotores y a la junta de compensación, que agrupaba a los propietarios del suelo y de la que formaba parte el Concello. Los perjudicados subrayaban que es el Ayuntamiento el que tiene competencias en urbanismo y demandaban al Ejecutivo gallego que revisase las actuaciones y los incumplimientos en los planes urbanísticos, las adjudicaciones y los proyectos de edificación. Los promotores, según los vecinos, tampoco asumían los compromisos establecidos en contratos privados.

A mediados de abril de 2006 más de un centenar de familias se mudó a los inmuebles. La Xunta entregó las últimas llaves de los pisos sociales del barrio en octubre de 2010. Tan solo quedaban por recibir sus llaves 26 adjudicatarios que recibieron las viviendas en régimen de propiedad. Cuando la mayoría de vecinos ya vivía en el barrio, en 2008, se sucedieron las protestas contra el realojo de chabolistas del asentamiento de Penamoa en la zona.

En la actualidad, los residentes en algunos pisos denunciaron robos y desperfectos cometidos por algunas de las personas que ocupan viviendas propiedad de la Xunta. La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, informó a mediados de este mes de que su departamento tramita los expedientes de desalojo de siete pisos propiedad de la administración autonómica en un edificio de Novo Mesoiro. Cuatro de estos pisos están ocupados de forma ilegal, mientras que en los otros tres sus habitantes no abonan las cuotas mensuales a la Xunta.