Repartir 11,9 millones de euros en un solo año en contratos sin concurso público y abierto tiene su mérito cuando el importe de la mayoría de ellos no supera los 50.000 euros. El balance de contratación de la Autoridad Portuaria en 2015 demuestra que es posible, aunque haga falta formalizar 328 adjudicaciones y que solo cuatro de ellas se materialicen con libre concurrencia de licitadores, con anuncio público e igualdad de oportunidades para todos.
La Autoridad Portuaria tramitó 303 como contrato menor, para el que la legislación marca un tope de 50.000 euros en caso de obras y de 18.000 en el resto de servicios. La Autoridad Portuaria alega que no pueden entenderse como adjudicaciones a dedo porque, "aunque no es legalmente exigible", solicita presupuesto a varias empresas y selecciona la oferta "más ventajosa económicamente". Y añade que el ahorro existe, pero que no consta en su perfil del contratante porque no se detallan los diferentes presupuestos recibidos.
En el listado de adjudicaciones, sin embargo, figura el ahorro, solo uno, en la contratación del registro de la marca Smartport y, pese a la petición de diferentes presupuestos, en todos los contratos menores figura que solo se presentó un licitador.
La respuesta del Puerto a las informaciones que ha publicado LA OPINIÓN sobre este cuestionable balance es de manual: "La Autoridad Portuaria cumple escrupulosamente en materia de contratación con la normativa". Las informaciones no lo ponían en duda. Constataban que el concurso abierto, y más transparente, no es, desde luego, el que más gusta a los rectores del ente portuario para realizar sus encargos a empresas.
Este abuso del contrato sin publicidad, sin dar libertad a todas las empresas interesadas a optar al trabajo, evidencia que la transparencia nunca ha sido el punto fuerte de la Autoridad Portuaria.
