Someso se enquista en los juzgados

Los promotores del recinto ferial reclaman al Concello que reciba toda la obra de la avenida de la Universidad a través de un recurso del que el Gobierno local desconoce su contenido

13.02.2016 | 01:11
Antonio Fontenla, de frente, saluda a Xulio Ferreiro en su primer encuentro institucional.

Las consecuencias de un convenio firmado en 1998 por el Gobierno de Francisco Vázquez y los promotores de Someso deparan nuevos episodios judiciales tres Ejecutivos después. La urbanización de la avenida de la Universidad se ejecutó en el gobierno bipartito por los propietarios de suelo y el del PP heredó las presuntas irregularidades de su tramitación, sin presupuesto para la obra ni licitación reglamentaria. Los promotores reclamaron 4 millones, aceptaron cobrar 1,75 y aún exigen 877.000 euros. El Gobierno de Marea se persona en un recurso de los promotores por la recepción íntegra de la obra

"Aún no conocemos el contenido del recurso, por lo que no puedo hablar más del asunto". Con esta frase se expresó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, sobre el recurso presentado por la junta de compensación del sector del recinto ferial contra el Ayuntamiento por negarse a recepcionar la totalidad de las obras de urbanización de la avenida de la Universidad. Aconsejado por la asesoría jurídica municipal, el Ayuntamiento se personará en el procedimiento, que no es el único que desde el mandato anterior enfrenta a las partes en los juzgados por un conflicto que tiene su origen en un convenio firmado hace 18 años por el Gobierno socialista de Francisco Vázquez con los promotores de Someso.

La junta encabezada por Antonio Fontenla, líder de la patronal coruñesa y expresidente de los empresarios gallegos, promueve este recurso porque acusa al Concello de no cumplir con su compromiso de recibir todas las obras de urbanización en el vial que une la avenida de Glasgow con la glorieta del campus de Elviña. La obra, cuyo proyecto se aprobó en 2008 y se ejecutó en el mandato bipartito del PSOE y el BNG (2007-2011), fue recepcionada en noviembre de 2011, pero al parecer no toda, por lo que los promotores han presentado recurso contra el Ayuntamiento. Ni el Gobierno local ni la junta de compensación ferial han explicado qué parte de los trabajos están pendientes del último trámite municipal.

El hecho de que fuesen los propios promotores quienes se encargasen de ejecutar los viales principales de comunicación del polígono originó las posteriores complicaciones que derivaron en demandas judiciales. "La ejecución de la obra fue asumida de facto por la junta de compensación, comprometiendo gasto público sin consignación y crédito presupuestario, sin tramitarse en el Ayuntamiento el correspondiente procedimiento de contratación y sin sujetarse a la preceptiva fiscalización previa de esta Intervención General", advertía el interventor municipal en un informe de comienzos de 2014 que acompañaba la propuesta del Gobierno local de pagar 1,75 millones de euros de los cuatro que reclaman los promotores por la construcción de la avenida de la Universidad.

El grupo representado por Fontenla aceptó hace dos años el pago de esos 1,75 millones y renunció a 623.000 euros por la ampliación de carriles de Pocomaco, pero no cerró el procedimiento judicial porque exigió otros 877.000 euros por los trabajos de otro tramo de la avenida de la Universidad, cantidad que el Gobierno local anterior no reconoció y aseguró que "pelearía" en los juzgados.

Ya en el mandato popular el grupo municipal del BNG recriminó al Ejecutivo de Carlos Negreira no reconocer deudas con los promotores de Someso y negarse a revisar de oficio los acuerdos de Someso que vincularon al exalcalde Vázquez y a Fontenla, declarados ilegales en una investigación interna encargada por el propio Gobierno del PP.

Las obras en Someso, que han provocado que el Ejecutivo reservase en años anteriores partidas del presupuesto municipal para afrontar sentencias judiciales, regresan ahora a los juzgados para dirimir si todavía existen irregularidades en su problemática ejecución, herencia que los gobiernos locales se pasan unos a otros.

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