La Fiscalía elevó ayer la petición de penas para cuatro de los ocho acusados de secuestrar al maderero de Cambre durante seis días. Los letrados de siete de ellos, por su parte, alegaron que sus defendidos actuaron con "miedo" al cabecilla de la trama, solicitando la absolución o penas en grado mínimo. La sección primera de la Audiencia Provincial acogió la última sesión del proceso contra las personas imputadas por la retención ilícita del hombre, durante seis días de enero de 2014, para obtener un rescate.
El Ministerio fiscal decidió modificar su escrito de calificación, en el que pedía diez años de prisión para cada uno de los ocho procesados por el presunto delito de secuestro y otros tres para el portador de un arma. Ahora solicita la pena por tenencia ilícita de armas para cuatro acusados más, pues piensa que había varias pistolas y revólveres que estaban a disposición de ellos, lo que elevaría a 13 años la petición.
Asimismo, abre la posibilidad de que se expulse del territorio nacional al procesado más joven, de veinte años, si no cumple la pena de manera íntegra, pues tiene nacionalidad mexicana. La acusación particular se ha adherido a estas peticiones entre las que se incluye la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima a quinientos metros durante diez años más que la duración de la condena.
El letrado que defiende al supuesto cabecilla de la trama pidió la libre absolución para el primero por la eximente de un trastorno psicológico, aunque contempla la opción de que lo condenen a tres años por varias atenuantes, mientras que solicita un año y seis meses para su hijo, al que aplica también atenuantes.
En su informe final, la Fiscalía incidió en la existencia de agravantes por haber actuado en un lugar despoblado y por abuso de superioridad, pues fueron cinco personas con pistolas contra una. Sobre el más joven ha asegurado que llegó a España para "delinquir, conseguir dinero y volver a su país", por lo que espera que su condena sea ejemplar. La acusación particular ha negado la posibilidad de que el empresario secuestrado pudiese escapar cuando se encontraba retenido, pues se sentía amenazado. En su turno ha asegurado que no han quedado acreditadas ni la eximente de trastorno psicológico del principal acusado ni tampoco que el resto haya actuado por miedo a éste.
El abogado que se encarga de la defensa del supuesto cabecilla y su hijo restó importancia al miedo que puedan tener la víctima y su mujer, pues aunque pidieron declarar tras un biombo, hoy han acudido a la sesión y han estado entre el público. Reconoció los hechos y recordó que, en principio, habían acordado una "conformidad" con seis años de prisión y un pago de en torno a 30.000 euros para la reparación del daño. "No entendemos que se hayan modificado las conclusiones para pedir una pena superior. Esta defensa entra en sala con ese acuerdo, que sabemos que no es vinculante y por eso reconoce los hechos. No entendemos que se hayan modificado las conclusiones si no ha aparecido un hecho nuevo", detalla.
Afirma que todo ocurrió por una supuesta deuda entre el hermano de la víctima y el padre del supuesto líder de los acusados, pero llegó un momento en que éste "explotó" por "sus creencias y sus padecimientos", ya que tiene diagnosticado desde hace más de dos décadas un carácter impulsivo.
El resto, según dice, actuaron por "miedo" y fue su propio hijo quien "le dijo que no se metiera en eso", por lo que los demás letrados se han sumado a esta petición y creen que sus defendidos deben ser eximidos o, como mucho, considerados cómplices con unas penas de, como máximo, seis años.
