El Tribunal Superior duda de la legalidad de los nombramientos de altos cargos con el PP

Pregunta al Constitucional por la designación de habilitados nacionales como jefes de servicio en el Concello de A Coruña durante el mandato anterior. Un grupo de funcionarios había recurrido la decisión a finales del año 2014

20.02.2016 | 13:46
Interior del Palacio de María Pita.

El Tribunal Superior pregunta al Constitucional sobre la legalidad de la polémica política de personal del Gobierno municipal del Partido Popular en el nombramiento de altos cargos. Un grupo de funcionarios se constituyeron en asociación para denunciar ante los tribunales tanto que se designasen los jefes de servicio con un sistema de libre designación como que se abriese el acceso a estos altos cargos a habilitados nacionales, esto es, interventores y secretarios procedentes de otras administraciones.

Los nombramientos del PP fueron cosechando críticas y recursos, tanto por parte de los representantes de la plantilla municipal como de los partidos de la oposición. Las reclamaciones judiciales fueron rechazadas en primera instancia, al entender los jueces que, previa modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (el cuadro de personal del Ayuntamiento), no hay nada que excluya a estos funcionarios o técnicos de otras administraciones ser nombrados para tales tareas de responsabilidad en departamentos municipales.

El asunto llega ahora al Constitucional. Cualquier tribunal superior autonómico puede elevar una cuestión de constitucionalidad, si se le plantean dudas sobre la norma jurídica que ampara una decisión o sobre la colisión de esta con otra norma. En estos procesos, el Superior deja en suspenso su decisión sobre el caso que juzga hasta que el Constitucional, que debe decidir primero si admite a trámite o no la cuestión, aclare sus dudas.

A finales de julio de 2014, el Gobierno local de Carlos Negreira consumó la entrada de funcionarios ajenos como jefes de servicio. Modificaba para ello la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Durante las vacaciones estivales, siguió una hoja de ruta para proceder a la regularización de estos nombramientos. Algunos de los fichajes ya ocupaban su puesto en comisión de servicios, una situación que caduca legalmente a los dos años y para la que tenían que buscar una solución.

Una semana después de modificar la RPT, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba la primera convocatoria de siete plazas de cargos directivos por "libre designación", esto es, una convocatoria abierta pero con selección subjetiva, sin que haya baremos o puntuaciones por titulaciones, capacidad o carrera funcionarial dentro del Ayuntamiento coruñés. En agosto, el Gobierno municipal del PP repitió la operación con cuatro vacantes más.

Las plazas convocadas durante ese verano por el Ayuntamiento por este sistema fueron las de jefes de servicio de Interior, Presupuestos y Estudios Económicos, Movilidad Urbana, Acción Social, Empleo y Empresa, Personal, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Planeamiento y Gestión del Suelo, Informática Municipal y Museos Científicos, además de una jefatura de departamento.

Se registraron entre agosto y septiembre de aquel 2014 varios recursos. En la presentación del suyo, el grupo municipal del BNG, con Xosé Manuel Carril como portavoz, recordaba que el Gobierno municipal se había amparado en un artículo de la Ley de Función Pública sobre el cual el Tribunal Superior de Xustiza ya tiene planteada una cuestión de inconstitucionalidad, que fue admitida a trámite en marzo de 2010.

El Tribunal Constitucional accedió a estudiar las dudas del Alto Tribunal Gallego, en un proceso iniciado por un funcionario autonómico contra la decisión de la Consellería de Medio Rural de cubrir, por libre designación, 43 puestos de trabajo, 25 de ellos jefes de servicios, amparándose en una normativa autonómica de 2010. En este caso, el Superior ponía en cuestión que la Xunta legislase en este decreto algo que debe determinar la legislación básica estatal para garantizar los principios de mérito, igualdad y capacidad.

El Superior también anuló en Ferrol y Ourense la Relación de Puestos de Trabajo donde el sistema de libre designación era la forma de provisión de las jefaturas de servicio "por no estar justificada", tal y como, señalaba el BNG, ocurría en el Ejecutivo coruñés.

Otros antecedentes

El PSOE también anunció un recurso por la designación de personal ajeno al Ayuntamiento para cargos directivos. Los socialistas aludían a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que rechazaba que los habilitados nacionales, entre los que se encuentran secretarios e interventores de concellos, puedan acceder a dichos puestos. Los socialistas acusaron al Ejecutivo de Carlos Negreira de fichajes de "afines" a través de este sistema. Criticaban además que la modificación de la RPT se hubiese hecho mediante el sistema de corrección de errores y en pleno mes de agosto.

La Junta de Personal criticó el sistema al entender que en la plantilla de funcionarios municipales había "la suficiente cualificación" para ocupar puestos directivos.

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