Los funcionarios municipales vieron cómo, desde 2012, el Gobierno popular fichaba a personal ajeno al plantel del Concello para altos cargos. Algunos eran habilitados nacionales que ocupaban sus despachos en comisión de servicios. Tras modificar la Relación de Puestos de Trabajo, el Ejecutivo de Negreira procedió, en verano de 2014, a consolidar a algunas de aquellas personas en sus sillas, con convocatorias confeccionadas para elegir a dichos altos cargos por un sistema de libre designación.

Surgieron malestar y dudas sobre la legalidad de estos nombramientos a dedo. En total, los puestos cuestionados eran 12: once jefaturas de servicio y una jefatura de departamento. Las plazas convocadas durante ese verano por el Ayuntamiento por este sistema fueron Interior, Presupuestos y Estudios Económicos, Movilidad Urbana, Acción Social, Empleo y Empresa, Personal, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Planeamiento y Gestión del Suelo, Informática Municipal y Museos Científicos y Control Financiero.

Se quejó la oposición y se quejaron los propios funcionarios. El 15 de septiembre de 2014 la Junta de Personal decidía por unanimidad de todos los sindicatos que la componen -CSI-CSIF, CIG, UGT y CCOO- recurrir ante la Justicia la consolidación a dedo de los jefes de servicio, una cuestión prácticamente sin precedentes y que ofrecía dudas legales. Los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento cuestionaron la compatibilidad de los interventores y secretarios -como eran algunos de los elegidos, otros procedían de despachos de la Xunta-. Criticaban además que se podía estar produciendo un aumento de plantilla no autorizado.

"Esta decisión no solo implica el menoscabo del personal municipal, sino que es innecesaria. Varias sentencias dicen que estos habilitados nacionales pueden ocupar cargos de asesoría pero no ejecutivos, por lo que puede haber una colisión", indicaba unos días después el presidente de la junta, Manuel Aceña, sobre la política municipal. Paralelamente, además de BNG y PSOE, un grupo de 24 funcionarios presentaron otra reclamación en los juzgados. Fue rechazada en primera instancia y ahora está en el Superior, que duda de la constitucionalidad de la normativa que ampara el sistema de elección.