Manuel Muíño gobierna por tercer mandato consecutivo el concello de Zas, un pequeño municipio de 4.846 habitantes. Este regidor nacionalista, que ha tomado las riendas del departamento de Asistencia a Municipios de la Diputación, conoce por experiencia propia las dificultades de hacer cuentas en el rural, de cuadrar los números sin pasar factura a los servicios.

Su labor en la institución provincial consiste en aligerar en parte el peso de los concellos, ya sea con la prestación de servicios de asesoría jurídica, económica o urbanística o con la implantación de medidas que permitan mejorar la gestión de los consistorios.

Una de las primeras tareas que ha tenido que afrontar como diputado provincial es centralizar el servicio de asistencia a los ayuntamientos, que el anterior Ejecutivo dispersó entre las distintas áreas. "Antes había un departamento bastante grande, con muchos efectivos humanos y que prestaba una atención centralizada. Durante la anterior etapa, el Gobierno provincial (PP) lo desmanteló para repartirlo entre las distintas áreas, podría decirse que está en todos los lados y en ninguno, y eso dificulta el control", explica el diputado.

Asesorar económicamente a los concellos del rural, lastrados por peso de las nóminas y el elevado gasto corriente no resulta sencillo. "Hay una leyenda urbana propiciada por el ministro de Hacienda [Cristóbal Montoro] que pretende recaer la culpa de la deuda del Estado en los concellos. Es mentira. La deuda de los concellos es insignificante dentro de la del Estado", argumenta Muíño.

El alcalde de Zas y responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación defiende que los concellos, como administración más próxima al ciudadano, se han visto obligados a asumir gastos impropios para garantizar el bienestar de los vecinos. "Si no hay calefacción en el centro de salud o en el colegio, la presión recae en los concellos; La presión social es muy fuerte y los ciudadanos no tienen por qué pagar la ineptitud de los políticas. Ese es el problema", sostiene el diputado.

Las nuevas leyes aprobadas por el Estado, como la de Racionalización y Sostenibilidad Local o de Sostenibilidad Financiera han dado más de un quebradero de cabeza a los alcaldes de la comarca. La prohibición de contratar nuevo personal o los límites al uso del remanente de Tesorería han suscitado reiteradas quejas de los alcaldes, que han visto muy limitada su gestión en momentos de crisis y de constantes demandas vecinales.

El Gobierno provincial apuesta ahora por combatir las medidas implantadas por el Gobierno central con programas de ayudas que faciliten la contratación de nuevo personal en los concellos o que financien parte del coste de los servicios sociales.

Manuel Muíño considera clave poner en marcha medidas que favorezcan la autonomía municipal, que considera muy mermada por el nuevo marco legislativo. "El Gobierno central buscó un chivo expiatorio: los concellos. Los ayuntamientos somos a veces una china en los zapatos que actúan como un contrapoder político", incide el diputado.