La Junta de Personal rechaza que secretarios e interventores opten a altos puestos locales

El Tribunal Superior cuestiona al Constitucional sobre los nombramientos que realizó el anterior Ejecutivo tras dudar de la legalidad de la normativa que los ampara

22.02.2016 | 16:24
Uno de los pasillos de la zona noble del Palacio de María Pita.

Cronología

  • Verano 2014. Los trabajadores del Concello que consideran que se han vulnerado sus derechos al abrir el acceso a habilitados nacionales de otras administraciones a las jefaturas de servicio presentan una denuncia. Les siguen también la oposición y la Junta de Personal
  • Febrero 2016. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) firma una providencia en la que pide al Constitucional que estudie si la ley de la Xunta en la que se basa el PP para realizar estas contrataciones contradice un artículo de la Constitución, que se centra en el derecho a acceder en “condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. El tema llegó al Alto Tribunal gallego porque en primera instancia, el Juzgado entendió que, al haberse modificado en verano de 2014 la Relación de Puestos de Trabajo en el Concello, no había razones para impedir el acceso a estos puestos a los habilitados nacionales

La Junta de Personal se posiciona en contra de que los habilitados nacionales (tesoreros, interventores y secretarios) opten a altos cargos en los ayuntamientos. Y es que, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha preguntado al Constitucional sobre la legalidad de los nombramientos realizados en María Pita durante la anterior legislatura, con el PP en la Alcaldía.

"Los habilitados nacionales tienen reservados unos puestos que no puede desempeñar nadie más que ellos, que son los de secretaría, tesorería e intervención. Nadie puede acceder a esos puestos si no son habilitados nacionales, por lo tanto, es normal que ellos compitan en los puestos que están reservados para ellos y no en los diseñados para los demás", explica el presidente de la Junta de Personal, Roberto Tizón, que asegura que este órgano de representación de los trabajadores municipales apoya "la reclamación que hicieron los técnicos".

Se refiere a la asociación formada por 24 funcionarios que fue la que llevó a los tribunales esta práctica de nombrar a los jefes de servicio por el sistema de libre designación y, también, que se permitiese el acceso a estos puestos a habilitados nacionales.

"La libre designación en jefaturas de servicios se lleva haciendo toda la vida, lo hizo el PSOE, el PP y ahora también la Marea. La diferencia está en que el PP trajo a habilitados nacionales", comenta Tizón y recuerda una sentencia fallada en Castilla y León, que dice que "dos funcionarios de distinta condición no pueden entrar en el mismo proceso de concurrencia competitiva".

Este sistema de nombramiento de altos cargos generó varios recursos en el verano de 2014, no solo de los trabajadores constituidos en asociación sino también de los grupos de la oposición y de la Junta de Personal. Entonces, el juzgado de Primera Instancia no les dio la razón en sus reclamaciones, al entender que, como se había modificado ya la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no había ninguna razón para excluir a los funcionarios o técnicos procedentes de otras administraciones de ser nombrados en altos cargos municipales.

Las modificaciones introducidas en la Relación de Puestos de Trabajo afectaban, en este punto, a once jefaturas de servicio y a una de departamento.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sin embargo, en una providencia firmada el 18 de febrero, pregunta al Constitucional sobre la legalidad de este proceso, porque entiende que la legislación de la Xunta -aprobada en diciembre de 2010- podría "vulnerar" el artículo 23.2 de la Constitución Española, que dice que los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".

¿Qué pasa si estas designaciones a dedo se declaran ilegales? El presidente de la Junta de Personal, asegura que al tratarse de funcionarios "no tienen por qué seguir en sus puestos. Ni siquiera seguirían en sus puestos si la Marea hubiese decidido cesarlos porque lo que se nombra por libre designación también se cesa por libre designación", aclara Tizón. Sobre la situación en la que se quedarían los "tres o cuatro" funcionarios que se encuentran con su nombramiento en entredicho, asegura que tendrían "un problema porque no hay en el Concello otros puestos en los que se pudiesen ubicar", por lo tanto, "tendrían que irse para casa en expectativa de despido".

Hasta que haya una decisión judicial, los habilitados nacionales con puestos en la Administración local siguen desarrollando su actividad en el Concello "igual que con el PP", según explica Tizón.

Sobre cómo creen los representantes de los trabajadores del Concello que acabará este asunto, el presidente de la Junta de Personal no lo tiene claro. "De los tribunales cada vez me fío menos, acaban de hacer una modificación de la ley que regula todo el sistema de trabajo y los sistemas de provisión de los habilitados nacionales y eso siguen sin dejarlo claro. Siguen dejándolo abierto", comenta Tizón, que se queja de que queda "abierto a la interpretación".

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