El Gobierno local ha iniciado los trámites para introducir una modificación en el plan general que permita rehabilitar uno de los bajos comerciales de un inmueble con problemas de convivencia en Novo Mesoiro para convertirlo en una extensión del centro cívico del barrio. "Entendemos que va a llenar de vida el edificio y a normalizar su situación", ha comentado Varela.

El bloque en cuestión acarrea desde hace años problemas entre los residentes. La comunidad de vecinos se queja de que hay viviendas okupadas y de que algunos adjudicatarios de los pisos, bien mediante un contrato de alquiler bien mediante compra, no tienen un comportamiento correcto. Las viviendas en alquiler son titularidad del Instituto Galego de Vivenda e Solo.

"En los bajos del edificio hay una serie de locales municipales que tienen usos comerciales y, para poder ser usados como socioculturales, hay que hacer un cambio en el planeamiento", explicó ayer Varela.

El Concello prevé aprobar este cambio "cuanto antes", aunque no cree que se puedan ejecutar las obras necesarias para su puesta en funcionamiento este año, "teniendo en cuenta la situación de debilidad presupuestaria" por la que atraviesa el Ayuntamiento, según el edil.

El presidente de la asociación de vecinos de Novo Mesoiro, Xosé Aller, puso ayer encima de la mesa otras alternativas de uso para los cuatro bajos comerciales que el Gobierno local tiene en este edificio del barrio. "La ampliación del centro cívico la llevamos proponiendo nosotros cinco años, conseguimos que, en una esquinita, nos pusieran una oficina de Correos y pedimos también que nos pongan una pequeña de la Policía Local, que pueda servir de registro, como la que hay en el Fórum Metropolitano, porque nosotros para cualquier trámite tenemos que coger el coche e ir al centro y esto nos facilitaría mucho la vida", comentó Aller, que apuesta también por un uso de ludoteca para los bajos municipales porque defiende que, cuanta "más vida" tengan los bajos del edificio, "más normalidad" habrá en las viviendas.

Aller denuncia que el centro cívico se les está quedando pequeño ya que "unas 600 personas se quedaron sin plaza" en las actividades organizadas por el Concello.

El presidente de la comunidad del bloque de edificios afectados, Francisco Mañana, explicó ayer que había solicitado a las administraciones que tomasen "medidas con los okupas y con los delincuentes", tras la reunión que mantuvo con el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, con la concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, y el edil de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, a la que también asistió Rosa Gallego, aunque no concretaron si como portavoz del PP o como funcionaria de la Xunta. El Gobierno local inició a final del año pasado un proceso administrativo para solucionar el problema y ha solicitado a la Xunta una "solución habitacional" para las familias afectadas. Mañana dijo que los daños que se habían producido tras un incendio en uno de los bloques ya habían sido solucionados, por lo que, ahora, esperaban que se solventasen los problemas de convivencia.

Calvo comentó que hay ocho expedientes abiertos -de 160 viviendas que hay en los bloques afectados-: cuatro a los adjudicatarios de los pisos y otros cuatro por espacios ocupados ilegalmente. Para resolver estos expedientes no hay plazo marcado, según explicó el delegado de la Xunta, que adelantó una solución para "cada situación particular" y ajustada a la legalidad. "Ahora se pasa a la comisión provincial de vivienda donde se resolverán los expedientes, buscando soluciones prácticas", argumentó Calvo. Varela incidió en que no se opte por la "sanción y la criminalización".