La concejal de Hacienda, Eugenia Vieito, recordó ayer que los informes de Tesorería e Intervención recomendaron modificar el calendario fiscal para evitar la acumulación de impuestos en el último trimestre del año y "evitar disfunciones y desajustes de tesorería". Vieito destaca que "buena parte" de los municipios de más de 100.000 habitantes han tomado decisiones similares al adelantar este tributo, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Badalona o Santa Cruz de Tenerife.

Un informe de Tesorería e Intervención, del 9 de junio de 2015 (antes de la entrada del actual Gobierno local) aconsejaba esta medida para "ayudar en el reparto de la carga tributaria para las personas contribuyentes y a una mejor planificación de la Tesorería Municipal". El 9 de julio, Tesorería General recomendaba como medida correctora para evitar la falta de liquidez el adelanto del cobro, "repartiendo a lo largo del ejercicio los ingreso de cobro periódico y por recibo".

El PP apoya la moción del PSOE

El PP se reunió ayer con representantes de la asociación de comerciantes, de la asociación de Amas de Casa y del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Los ediles Rosa Gallego, Roberto Coira, Martín Fernández Prado y Lucía Canabal anunciaron, en un comunicado, "apoyo a las medidas que se pongan en marcha encaminadas a que se recupere el calendario fiscal", sin aludir directamente a la moción que el PSOE presentará en pleno. Instan al alcalde a retirar la decisión este año y a abrir "un debate serio y riguroso" para 2017. Los populares entienden que la Contribución supone para muchos ciudadanos y comerciantes un pago importante "que no se puede improvisar y para el que se ahorra en los meses previos". Los comerciantes, según recoge el PP en una nota, sostienen que "en los meses de verano son en los que hace más caja, lo que puede provocar que se planteen contratar o no algún empleado en julio o agosto".

El PSOE también insiste en que el calendario es un "grave perjuicio" para el tejido empresarial y argumenta que su moción contra la medida, que parece apoyará el PP, responde "al interés de las familias y de los pequeños empresarios y autónomos". Sostienen que "los más perjudicados" son las 66.000 familias que tienen domiciliados los tributos municipales.