El Colegio de Procuradores de A Coruña es pionero en la gestión de bienes decomisados en operaciones policiales procedentes del narcotráfico. La entidad colegial se encarga, siempre que se lo requieren los juzgados, de la custodia y tasación de las propiedades incautadas, así como de su subasta o cesión a entidades sociales en caso de que no sean vendidas en las pujas. El decano de la entidad, Javier Sánchez, que es vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, anuncia que el modelo de A Coruña se implantará próximamente en otras seis ciudades.

-¿Desde cuándo el colegio cuenta con el servicio de depósito de bienes?

-Desde el año 2002. Fuimos los primeros de España y, con muchas dificultades, durante todos estos años se ha mantenido el convenio que firmamos entonces con la Agencia Tributaria y la Xunta.

-Vuelven a ser los primeros en encargarse del depósito de bienes procedentes del narcotráfico. ¿En qué se traduce el convenio con la Fundación Gallega contra el Narcotráfico?

-Además de lo que ya se reconocía, en la jurisdicción civil y en materia administrativa, en el ámbito penal ahora se prevé decomisar bienes antes de la sentencia.

-¿Cuál es el último depósito de este tipo que han tenido?

-Un juzgado de Vilagarcía, en una operación antidroga, se incautó de un camión procedente de Holanda lleno de hachís. El juzgado acordó el decomiso y, en base al convenio, encargó al Colegio de Procuradores de A Coruña que procediese a depositar el vehículo en sus dependencias, que lo valorase y lo subastase.

-¿Por qué hasta ahora no se hacían cargo de este tipo de bienes?

-Porque en el ámbito penal no había una normativa legal que nos amparase para prestar este servicio.

-¿Cuál es la principal ventaja respecto a que se encargue el juzgado o la policía?

-La inmediatez y el rendimiento económico, pues el dinero que se obtiene con la subasta se ingresa en el juzgado para que los sospechosos respondan por las responsabilidades que les correspondan. En España no existía ningún instrumento de este tipo que lograse que la Justicia fuese más eficaz. No había un instrumento que permitiese detraer bienes a los narcotraficantes. En lo relacionado con el narcotráfico también hacemos una prestación social. Hasta ahora había cierta impunidad, seguían paseándose con sus coches de lujo. Ahora mandas un mensaje a la sociedad, pues antes esos bienes podían estar cuatro años en el cuartel de la policía depreciándose, muriéndose de la risa. Ahora la subasta es inmediata y, en caso de que nadie puje, los efectos incautados se ceden a organizaciones con fines sociales. No están en poder de los narcotraficantes o almacenados durante años.

-¿Toda la actuación de la entidad colegial se produce bajo supervisión judicial?

-Sí. El fiscal pide la incautación y, si el juez lo considera conveniente, encarga al colegio el depósito, la valoración y la subasta de los bienes. Siempre en un plazo de 48 horas después de la detención de los sospechosos.

-¿El servicio se implantará en otras ciudades?

-Sí, desde el Consejo General de Procuradores de España, del que soy vicepresidente, trabajamos para que se implante en toda España. Estamos implantándolo en seis zonas estratégicas: Barcelona, Tarrasa, Navarra, Madrid, Baleares y Córdoba.

-¿Tiene algún coste para la administración?

-No le va a suponer ningún coste. Nosotros nos reintegramos los gastos que tenemos una vez se subastan los bienes, siempre dando cuenta detallada de todo al juzgado. No somos una empresa privada, colaboramos con la administración de justicia para mejorar su eficacia.