No hay acuerdo entre el Concello y la Federación Gallega de Fútbol pero la entidad presidida por Rafael Louzán ya ha comprado los bajos de Someso por los que ha decidido sustituir la futura sede de San Pedro de Visma. En la Concejalía de Deportes recuerdan a la entidad que se comprometió en enero a acreditar por escrito el acuerdo de su asamblea y justificar con documentación las motivaciones económicas que le han llevado a tomar tal decisión. Después de "cuatro semanas", los informes no han llegado. El Gobierno local advierte de que el convenio no se ha cambiado, sigue "vigente" y está en la obligación de exigir su cumplimiento.

El Concello reclama a la federación que argumente por qué no va a construir su sede de San Pedro de Visma, en contra de lo que firmaron el expresidente José García Liñares y Carlos Negreira. El ex presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, confirmó esta semana que ya había acudido a la notaría para formalizar el canje de las viejas sedes de la mutualidad y de la federación por dos bajos frente a Expocoruña de 700 metros cuadrados.

El concejal de Deportes, José Manuel Sande, declaró ayer que no tiene notificación oficial de las decisiones de la federación, ni siquiera de la asamblea "con nocturnidad y a final de año" en la que desecharon levantar el nuevo edificio en Visma, al lado de los campos de fútbol para los que el ayuntamiento cedió terrenos.

"Nosotros le pedimos una documentación y cuatro semanas después no la recibimos; el otro día volvimos a escribir, necesitamos que se acrediten documentalmente todos estos meses", manifestó Sande, "queremos un esbozo claro del plan que quiere seguir la federación". Mientras tanto, añadió, el Concello está en la "obligación" de hacer cumplir tanto el "convenio" como el "contrato federativo firmado en su momento" y la moción aprobada por unanimidad en el Pleno municipal.

El Concello coruñés había amenazado con acudir a los tribunales en caso de incumplimiento del pacto. En enero mantuvieron una reunión en la que la federación comunicó sus intenciones y explicó que causas económicas le impedían construir el inmueble, de 2,9 millones de euros. Sin embargo, el edil reprocha que, pasado un mes, esperan por los informes que justifiquen "que no pueden ejecutar" las inversiones.

Sande informó que la asesoría jurídica está preparando un informe para remitir a Rafael Louzán con los gastos que ha tenido que asumir el concello solo con la tramitación del cambio urbanístico o la preparación de la licencia, entre otros. Un grupo de miembros de la asamblea de la entidad, por otra parte, ha impugnado la asamblea en la que se acordó el cambio, al entender que no había sido convocada con los plazos estipulados.