El Ministerio de Defensa informó ayer de que la actual concesionaria de la fábrica de armas, Hércules de Armamento, todavía no le ha pagado el canon anual de 250.000 euros que debe abonar por hacer uso de las instalaciones, de acuerdo con la oferta económica con la que la empresa ganó el concurso.

El pliego de condiciones establece que este canon se ingresará en la cuenta bancaria del Ministerio "dentro del plazo de diez días hábiles a aquel en que se cumpla un año desde la formalización de la concesión". En este caso, el primer aniversario de la firma de la adjudicación se celebró el pasado 27 de octubre, por lo que esta cantidad debería ser abonada en la primera quincena de noviembre.

Ante esta situación, Defensa señala que el 15 de marzo la Comisión de Seguimiento de la concesión celebrará una reunión con representantes de Hércules en la que se tratará "la situación del pago del canon correspondiente a la segunda anualidad" y "se revisará la situación de la concesión en su conjunto".

Actualmente, la factoría está centrada en la producción para la industria civil al carecer de permisos por parte de Defensa para fabricar material militar. El Ministerio le impuso esta prohibición a finales de noviembre al quedar el complejo sin servicio de vigilancia por impagos de Hércules a la subcontrata de seguridad, Segur Ibérica.

La planta cuenta actualmente con un total de 155 trabajadores, cumpliendo con el mínimo de empleados exigido por Defensa, si bien algunos no tienen jornada completa y acumulan varios retrasos en sus nóminas, tal y como reconoció el director del proyecto, Ramón Mejuto, en una rueda de prensa ofrecida en la planta días después de la salida de los guardias.

Mejuto había manifestado en esa comparecencia su intención de poder volver a fabricar material militar "lo antes posible". Entonces también cargó contra el exalcalde Carlos Negreira y contra los extrabajadores de la fábrica vinculados a UGT, a quienes acusaba de haber echado atrás a varios inversores y clientes con sus movilizaciones contra Hércules.

Estos antiguos operarios, precisamente, se volverán a concentrar hoy frente a la delegación del Gobierno para exigir la anulación de la concesión y la convocatoria de otro concurso. Acusan a Hércules de incumplir el pliego de condiciones y de haber cometido un delito de falsedad fiscal y documental.