La Xunta obliga a Albada a proceder, en el plazo de un año, al sellado del depósito de residuos de la planta de Nostián, que sigue sin clausurar casi ocho años después de haber llegado al máximo de su capacidad. La Consellería de Medio Ambiente da la razón, por tanto, al Gobierno municipal, que había recurrido en agosto el dictamen autonómico que ordenaba a la propia Administración local, y no a la concesionaria de las instalaciones, estos trabajos, con un estimado de 3,5 millones de euros. Pese a que existe una autorización autonómica para cerrar los vasos desde 2010, el cambio de gobierno en 2011 paralizó el proyecto. El Ejecutivo de Carlos Negreira lo presupuestó en 2014 y 2015 pero finalizó el mandato sin avanzar en ello.
El legado lo recibió el nuevo Gobierno de Marea Atlántica, que pidió a la Xunta que rectificase y responsabilizase a la empresa concesionaria de "la obligación legal de ejecutar las obras de sellado". Pese a la oposición de Albada, los argumentos municipales han convencido a la consellería, que el 26 de febrero, según informan fuentes autonómicas, dictó una resolución a favor del Ayuntamiento.
El proceso se inicia en abril de 2014, cuando la firma concesionaria de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Nostián, Albada, solicita a Medio Ambiente la autorización ambiental integrada para sus instalaciones. En julio, la Xunta otorga el permiso solicitado y con ello ordena al Concello que selle en un plazo máximo de un año los depósitos de rechazos llenos.
El vertedero de Nostián tiene tres vasos y en ellos se arrojaban los rechazos (como se conoce a los residuos que no pueden ser recuperados). El primer depósito, que ya está cerrado, se llenó en 2001, solo un año después de que las instalaciones comenzasen a recibir la basura de los coruñeses. Los otros dos no se clausuraron y suman un millón de metros cúbicos de desperdicios. La planta se quedó hace casi ocho años sin capacidad para más rechazos por lo que los traslada a los depósitos de otro gestor de residuos. El sellado de los dos vasos del vertedero lo tendrá que ejecutar, según la reciente resolución, Albada con el objetivo de "evitar o disminuir los efectos y riesgos ambientales derivados del no sellado".
La secretaría xeral técnica de la consellería se alinea con el razonamiento jurídico del recurso de alzada del Concello, que se ampara en una normativa autonómica de 2009 sobre la gestión de residuos en el ámbito de la comunidad. En ella se establece que, salvo que la concesión estipule "otra cosa", el "régimen de responsabilidades en la clausura y pos clausura" en los casos en los que exista "una única entidad explotadora durante toda la vida útil del vertedero", como es el caso, "el responsable de la clausura será la entidad explotadora". Solo si hubiesen varias concesionarias a lo largo de la historia de las instalaciones, le correspondería al Concello, que tendrá que encargarse siempre, eso sí, "del mantenimiento posclausura".
La Xunta constata que el contrato administrativo de la concesión de Nostián "no tiene previsiones sobre la clausura del vertedero en cuestión". Rechaza la argumentación de Albada, que presentó un escrito de alegaciones intentando evitar lo que finalmente ha sucedido. Alegaba que, en un informe municipal que acompañaba la solicitud de la autorización ambiental integrada, antes del cambio de Gobierno, el Concello concedía una "prórroga para la aplicación de la ordenanza" en tanto el concello "no procediese "a la ejecución del sellado del vaso de rechazos", lo que supondría, para Albada, la asunción de la responsabilidad de los trabajos.
La clausura de estos vasos cuenta con autorización autonómica desde 2010, cuando Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto presentado por la empresa. Desde entonces, el Ayuntamiento se ha limitado a incluir consignaciones en su presupuesto para ejecutar la obra sin llegar a realizar el desembolso, que estima en unos 3,5 millones de euros. El Gobierno local de PSOE y BNG incorporó la obra a sus últimas cuentas, las de 2011. Con la llegada del PP a la Alcaldía, el proyecto desapareció del presupuesto municipal en 2012 y no reapareció hasta 2014. Ni en 2014 ni en 2015 el Ejecutivo de Carlos Negreira avanzó en el sellado. Dejó la intervención como herencia al Gobierno local de Marea Atlántica, que en su proyecto de presupuestos para 2016 -sin aprobar- omite esta inversión que sí se incluía en las cuentas anteriores, actualmente prorrogadas.
Sobre quién debe pagar la obra, un escrito del alcalde remitido a la Xunta matizando el recurso original de principios de agosto, señala que debe ser una cuestión abordada por el ayuntamiento y la empresa "en el marco de sus relaciones contractuales", algo que no es de "competencia autonómica".
