Instrucciones judiciales sobre el Concello

Un juez investiga un posible delito de tráfico de influencias en Cultura durante el Gobierno del PP

Los agentes de la policía judicial acudieron ayer por la mañana a las oficinas del Concello para acceder a los expedientes de dos contratos relacionados con las bibliotecas municipales de 2011 y 2012

10.03.2016 | 14:26
Un juez investiga un posible delito de tráfico de influencias en Cultura durante el Gobierno del PP

Claves

  • Contrato de 2011. Centrado en el suministro y gestión de material bibliográfico para la biblioteca del Ágora, este contrato cayó en manos de la empresa Xestión Bibliotecaria e Documental. Fue licitado por el Gobierno local bipartito pero la adjudicación coincidió con los primeros meses del PP
  • Contrato de 2012. Por un importe de 2,32 millones de euros, Eulen resultó el ganador. Su misión sería la de gestionar los servicios bibliotecarios complementarios del Sistema Municipal de Bibliotecas
  • Recurso desestimado. El tribunal de lo Contencioso-administrativo había desestimado una denuncia contra el contrato de 2012 alegando que no se había apreciado ningún tipo de arbitrariedad en la valoración otorgada

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron ayer el Palacio de María Pita y las oficinas de las Casas de Paredes, donde se encuentra la Concellería de Culturas, para acceder a dos contratos relacionados con las bibliotecas municipales firmados en 2011 y 2012. Los registros proceden de unas diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción Número 1 de A Coruña, que investiga un posible delito de tráfico de influencias por parte del anterior Gobierno local del PP. El denunciante es el administrador de una de las empresas que había participado en estos concursos. El juzgado de lo Contencioso número 1 desestimó un recurso de este empresario contra el contrato de 2012 que actualmente está siendo investigado

Las dependencias municipales volvieron ayer a ser objeto de investigación por parte de la policía judicial a raíz de dos contratos firmados por el anterior Gobierno local. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acudieron por la mañana las oficinas de las Casas de Paredes -sede de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña- y el Palacio de María Pita. El objetivo: acceder a los expedientes de dos contratos de 2011 y 2012 para investigar un posible delito de tráfico de influencias relacionado con las bibliotecas municipales.

El primero de ellos tiene que ver con la adjudicación del suministro y gestión de material bibliográfico para la biblioteca del centro Ágora, que cayó en manos de la empresa Xestión Bibliotecaria e Documental. El servicio había sido licitado en los meses finales del Gobierno de coalición entre PSOE y BNG aunque la adjudicación fue finalmente rubricada por el Ejecutivo del PP, habiéndose abierto las ofertas económicas de las empresas concursantes el 14 de julio de 2011. El segundo contrato se refiere a los servicios bibliotecarios complementarios para el Sistema Municipal de Bibliotecas de A Coruña, adjudicado por un importe de 2,32 millones de euros a la empresa Eulen.

Los requerimientos comenzaron en torno a las 11.00 horas en el Palacio Municipal de María Pita, de donde se marcharon 45 minutos más tarde. En la Casa Paredes los agentes se personaron al filo de las 11.50 horas, acabando sus pesquisas en torno a las 12.15 horas.

La actuación de los agentes de la policía judicial procede de unas diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña. El querellante es Celso Elías Figueroa Suárez, administrador único de la empresa LTM Servicios Bibliotecarios, una de las firmas que había concurrido a ambos concursos.

Figueroa Suárez ya había presentado un recurso ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 contra el contrato de 2012, aunque el juez acabó avalando el proceso. El fallo, declarado firme por Diligencia de Ordenación, desestimaba la reclamación "al no apreciarse falta de motivación ni arbitrariedad en la valoración otorgada, al razonarse convenientemente los criterios técnicos previstos en el pliego y sin que la valoración efectuada en otros concellos pueda ser un valor extrapolable" al contrato en A Coruña.

El juzgado rechazaba los argumentos de LTM Servicios Bibliotecarios de que el Ayuntamiento de A Coruña levantó "ilícitamente" la suspensión del proceso de contratación por un recurso especial administrativo. Fuentes de Eulen, consultadas ayer por este diario, optaron por no realizar ningún tipo de declaraciones sobre estas investigaciones.

El Partido Popular coruñés se apoyó en esta sentencia del Contencioso y recordó que ambos procedimientos que ahora investiga la justicia tuvieron un carácter "abierto", emplearon todos los informes técnicos necesarios y se desarrollaron bajo la supervisión del interventor municipal. Los conservadores, que aseguran desconocer el contenido de la actual denuncia, llamaron a la tranquilidad y se mostraron dispuestos a ofrecer "toda la colaboración" para aclarar cualquier duda.

Por su parte, desde la Marea Atlántica, el partido que ostenta actualmente el Gobierno de la ciudad, lamentaron que el nombre de A Coruña "vuelva a relacionarse con la corrupción" por la gestión del anterior Ejecutivo. "Resulta chocante que el PP continúe presentándose a sí mismo como un ejemplo de buena gestión cuando su legado presenta enormes sombras que hablan de redes de colocación de amistades o de contrataciones dudosas", aseguran en un comunicado.

El BNG reconoció ayer no sentirse "sorprendido" por las sospechas en torno a la adjudicación a Eulen. Los nacionalistas recordaron que ya habían denunciado en 2012 que el proceso para la adjudicación definitiva de los servicios complementarios de las bibliotecas había sido una "chapuza", en el que llegó a haber dos informes diferentes para la valoración de las ofertas económicas, uno de ellos con un error de cálculo. El Bloque considera que la adjudicación final se hizo en aquel momento "bajo criterios subjetivos", en detrimento de una pequeña empresa local y favoreciendo a una multinacional. "Eulen sigue teniendo como responsable en Galicia a la hermana del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo", subrayan desde la formación frentista.

No es la primera vez que el juzgado de instrucción número 1 de A Coruña pone la lupa sobre la gestión realizada por el departamento de Cultura durante el mandato anterior. Este mismo órgano judicial indaga desde el pasado verano si se cometió o no un delito de tráfico de influencias en la contratación de una obra en el acuario. En total, declararon en calidad de investigadas cinco personas. Una de ellas es Ana Fernández, edil de Cultura en el Gobierno del PP. Otros dos son el director técnico de la Casa de los Peces, que ocupa el puesto desde 2004, y el ex jefe de departamento de los servicios generales de los Museos Científicos. Ambos técnicos ya habían tenido que declarar ante la juez Pilar de Lara en la instrucción de la operación Pokemon.

Es precisamente esta causa de la sala judicial de Lugo el origen de estas diligencias previas abiertas en el juzgado de A Coruña. En junio de 2015, la juez instructora de la Pokemon envió el caso al partido judicial de A Coruña, al tratarse de actuaciones ajenas a Vendex y de hechos que no tuvieron lugar en territorio de su competencia.

Días después, tras recibir el informe, el juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña señala en un auto que "los hechos a que se refieren las anteriores actuaciones, hacen presumir la posible existencia de una infracción tipificada como tráfico de influencias", por lo que procede a "incoar diligencias previas en procedimiento abreviado".

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