La Justicia ha archivado la causa contra los miembros de la dirección de Repsol en A Coruña y responsables de la empresa auxiliar Talleres Metalúrgicos del Sur (Tamesur), quienes fueron investigados por el accidente mortal sucedido en abril de 2010 en la refinería. En la explosión falleció un trabajador de 37 años y uno de sus compañeros sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo. Tanto el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña como la Audiencia Provincial decretaron el sobreseimiento del caso, que se abrió tras una denuncia presentada por la Confederación Intersindical Galega (CIG).
El Tribunal Supremo también ha desestimado el recurso de queja interpuesto por el sindicato contra la Audiencia Provincial por impedirle recurrir en casación el archivo del caso. "La denegación era ajustada a derecho por no ser recurrible en casación la resolución impugnada", arguyen los magistrados del alto tribunal. La CIG, además, deberá abonar las costas. La Fiscalía apoyó la decisión de la Audiencia de no aceptar el recurso porque en "ningún caso" los posibles delitos que fueron investigados por el juzgado de instrucción serían castigados con más de cinco años de cárcel o cualquier otra pena de diferente naturaleza que excediera los diez años. Por tanto, la Audiencia no es competente para su enjuiciamiento.
El sindicato recurrente acusaba a los directivos de Repsol y Tamesur de cometer delitos de homicidio por imprudencia, lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores indicaban en la denuncia que la explosión que sucedió en la cámara de coque fue de tal magnitud que provocó la deformación de la estructura de la caseta de corte de una cámara, desplazamientos de puertas y ventanas, rotura de vidrios blindados, daños estructurales en la periferia de la zona de la deflagración y la caída del tobogán de evacuación del carbón, entre otros desperfectos.
La CIG destacó que los técnicos de Inspección de Traballo levantaron un acta de infracción contra Repsol por atentar contra la seguridad y salud laboral de los trabajadores. "Para la autoridad laboral quedó constatado que las medidas de prevención impuestas por la empresa no eran las adecuadas para evitar que se produjese un accidente en el momento de desarrollar un trabajo como el de la unidad de coque, en el que existía un elevado riesgo de explosión", aseguraba el sindicato, que solicitó al juzgado de instrucción que custodiase la broca en la que trabajaban los operarios en el momento de la deflagración para evitar alteraciones que desvirtúen pruebas.
Tras la explosión Repsol constituyó un comité para determinar sus causas. El órgano estaba formado por delegados de prevención del comité de empresa y técnicos designados por la compañía, que impidió participar en las investigaciones a los representantes de la empresa de mantenimiento a la que pertenecían el fallecido y el herido.
