La rectificación, en política, no suele ser compañera del poder. Empecinados en asumir equivocaciones cuando les llueven críticas, a los cargos públicos les duele dar marcha atrás. El adelanto del cobro del IBI y su posterior anulación representan uno de esos pocos ejemplos de rectificación política. Amparado por el consejo técnico de Tesorería e Intervención, el Gobierno local de Marea Atlántica aprobó adelantar el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles para evitar problemas de liquidez al Ayuntamiento al dejar para final de año el cobro del impuesto que más ingresos le genera. Pero eligió mal el momento, justo al concluir el plazo dado a los contribuyentes para acogerse al pago fraccionado del tributo en hasta seis cuotas mensuales y apenas un par de meses antes de pasar el recibo. En ese mismo instante, PP y PSOE convirtieron ese adelanto en eje de su oposición. El BNG también se ha sumado a la crítica que al final ha llevado al Gobierno local a rectificar y dar tiempo a los contribuyentes a adaptarse al cambio, que llegará en 2017. La rectificación, en este caso, era la única salida posible.
