El Ministerio de Defensa no retirará la concesión de la fábrica de armas a Hércules de Armamento pese al impago de la segunda anualidad del canon, una de las obligaciones que el pliego de condiciones del concurso fija a la empresa adjudicataria.
Según informaron fuentes de Defensa a este diario, en la Comisión de Seguimiento de la concesión celebrada el martes en Madrid los representantes del Gobierno solo advirtieron a la empresa de que el impago de este canon supondrá la ejecución del aval depositado tras ganar el concurso y que se mantendrán "vigilantes" para garantizar el "estricto cumplimiento" de los compromisos de la empresa.
El contrato establece que los 250.000 euros del canon deberían ser abonados "dentro del plazo de diez días hábiles a aquel en que se cumpla un año desde la formalización de la concesión". En este caso, el primer aniversario de la firma de la adjudicación se celebró el pasado 27 de octubre de 2015, por lo que esta cantidad, que todavía no se ha pagado, debería haber sido abonada durante la primera quincena de noviembre.
Los representantes de Hércules de Armamento, según indicaron desde Defensa, informaron en la reunión de la entrada "inminente" de un nuevo socio inversor en el grupo. La promesa, sin embargo, no es nueva. En julio, después de la salida de la empresa de Juan José Gómez, uno de los accionistas iniciales del proyecto, fuentes próximas al director, Ramón Mejuto, ya habían anticipado una probable entrada de un socio capitalista, de la que por el momento no ha habido ninguna noticia.
Los representantes de la concesionaria también habrían prometido en la reunión del martes el restablecimiento del servicio de seguridad privada en la fábrica a partir de hoy, según señalaron desde Defensa. Durante los últimos meses, la factoría había permanecido sin vigilancia a causa de los impagos a la antigua contrata de seguridad, Segur Ibérica. Por este motivo, el Ministerio le había prohibido la producción de material militar, quedando centrada toda la actividad en la industria civil.
La planta cuenta actualmente con 155 trabajadores, cumpliendo con el mínimo de empleados exigido por Defensa, si bien algunos no tienen jornada completa y acumulan varios retrasos en sus nóminas, tal y como reconoció Mejuto en una rueda de prensa ofrecida en la planta en el mes de noviembre.
Como ya viene siendo tradicional cada viernes, los antiguos trabajadores de la fábrica de General Dynamics vinculados a UGT se volverán a concentrar frente a la Delegación del Gobierno para reclamar a Defensa que anule la concesión y que convoque un nuevo concurso público. Los antiguos operarios consideran que Hércules ha cometido varios delitos de falsedad documental y fiscal y denuncian impagos a los trabajadores y a la Seguridad Social.
La planta no es tampoco ajena a la situación política que se vive en Madrid para conformar un nuevo Gobierno. La concesión a Hércules, otorgada en 2014 durante el mandato del PP, fue duramente criticada por diputados del PSOE, próximos a las reivindicaciones de los antiguos empleados de UGT.
