El Concello expone los acuerdos clave del desarrollo urbanístico del polígono de Someso antes de su revisión

Abre un periodo de alegaciones antes de enviar el expediente al Consultivo, que dictaminará si procede invalidar las decisiones del Gobierno vazquista entre 2004 y 2006 para poder pedir después responsabilidades

19.03.2016 | 11:23
Edificios construidos en el polígono de Someso.

El polígono de Someso tiene un cuarto de siglo a sus espaldas, desde que el Concello adquirió los primeros terrenos para construir un campo de fútbol en un ámbito que, años más tarde, se convertiría en el último gran desarrollo urbanístico de la ciudad antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Una tramitación que ha costado en los tribunales 19,2 millones de euros a las arcas municipales. El Concello prosigue con el proceso para que los responsables, en el caso de haberlos, asuman las irregularidades cometidas durante la tramitación. Tras analizar la documentación, se exponen ahora al público los acuerdos del Gobierno vazquista que habría que anular antes acudir al Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador que tiene la última palabra sobre el asunto

El Concello prosigue el proceso para revisar los acuerdos que tomó el Gobierno vazquista entre 2004 y 2006 sobre la tramitación del polígono de Someso, un desarrollo urbanístico que acabó judicializado y le costó a las arcas municipales cerca de veinte millones de euros en indemnizaciones. Los expedientes de dichos acuerdos estarán a exposición pública durante diez días hábiles a partir del lunes en la Urbanismo. La anulación de los convenios es el paso previo para intentar pedir responsabilidades contables por las pérdidas patrimoniales que sufrió el Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local resolvió a principios de julio iniciar la revisión de oficio de los acuerdos que había solicitado el ex portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, en 2013 y 2014 por "causas de nulidad de pleno derecho". Son decisiones clave para el desarrollo del sector del Recinto Ferial, durante el que el Concello adquirió terrenos para la construcción de un campo de fútbol, en una zona que después se recalificó para ser urbanizada. Sus propietarios reclamaron un precio justo por sus fincas y los tribunales les dieron una y otra vez la razón, concluyendo, en contra de los argumentos municipales, que sí hubo realmente un proceso expropiatorio y no un acuerdo mutuo de compraventa.

Recopilada y digitalizada la documentación de los acuerdos, el área de Rexeneración Urbana pone a disposición de los interesados todo el expediente y da un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones. Los documentos quedan a exposición pública debido al "tiempo transcurrido y a los cambios producidos en la titularidad de las propiedades afectadas" y la existencia de una "pluralidad de personas" a las que podría concernir la tramitación.

Esta exposición pública es el paso previo antes de remitir la documentación al Consello Consultivo, que tendrá que pronunciarse sobre la anulación de los acuerdos. En función de esta dictamen, el Concello tomará una decisión sobre reactivar el proceso para que el Tribunal de Cuentas determine si alguien tiene que asumir la responsabilidad de las consecuencias económicas del desarrollo urbanístico, que se quedó a medias tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

El Ejecutivo local retiró en verano la denuncia presentada en la etapa del PP ante Cuentas, al entender que estaba "condenada al fracaso", precisamente por no haberse anulado los acuerdos que sostienen el desarrollo, lo que causaría además, al tener que asumir las costas judiciales, "una previsible y grave repercusión económica para las arcas municipales". Así lo había advertido durante el mandato anterior el BNG y también la Fiscalía del organismo encargado de vigilar la gestión económico-financiera del sector público. La denuncia estaba dirigida contra Francisco Vázquez y seis ediles del equipo de gobierno, entre ellos, el exacalde Javier Losada y la edil socialista Mar Barcón.
Tras retirar el recurso, procedió a iniciar el proceso para invalidar los acuerdos, que ahora prosigue con esta exposición pública. Ya en julio, basándose en consultas jurídicas realizadas, el Ejecutivo municipal cuestionó, sin embargo, que se esté a tiempo de pedir responsabilidades, por haber prescrito los actos fiscalizados.

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